GRUPO DE PUEBLA AL ATAQUE

Después de leer la intervención número 32 del atrabiliario presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en apoyo a Pedro Castillo, concluyo que estamos ante un caso de obsesión psicótica, el mismo padecimiento que sufre el ex guerrillero colombiano Gustavo Petro.

El Dr. Prakash Masand, autoridad mundial en la materia y fundador de los Centros para la Excelencia Psiquiátrica, observa este trastorno en «personas que ignoran o violan los derechos de los demás; no son capaces de distinguir entre lo correcto e incorrecto; dificultad para mostrar remordimiento o empatía; tendencia a mentir con frecuencia; manipulan o lastiman a los demás y tienen un comportamiento socialmente irresponsable». Por su parte, el escritor Pablo Hiriart, autor del libro «El destructor», dice que AMLO es un personaje a quien “la envidia, el resentimiento y la ira conducen a decisiones demenciales”.

Estos rasgos de agresividad y mitomanía de AMLO fueron denunciados por 180 reporteros mexicanos al sostener que «todas las emanaciones de odio contra los periodistas se incuban, nacen y se esparcen en el Palacio Nacional».

En ese contexto, recordemos que en diciembre del 2021, cuando se presentó la primera moción de vacancia contra Castillo, el gobernante azteca comenzó su fanática defensa enviando a Lima un ministro y varios diplomáticos para «proteger» al mandatario chotano porque – dijo – intentaban destituirlo debido a que era un profesor pobre y serrano.

Luego narró la disparatada fábula de que la aristocracia limeña trató de impedir que jure con sombrero y que damas adineradas se tapaban la nariz cuando pasaban a su lado. Un cuentazo burdo, torpe, que sin embargo AMLO usó malévolamente para impulsar una campaña de victimización de su protegido.

Así AMLO pretende desviar la atención pública sobre su desastrosa gestión, que ha batido récord de asesinatos, con 140 mil homicidios –  ascenderán a 180 mil al culminar su periodo – mientras la pobreza, que ofreció reducir drásticamente, se incrementó en seis millones y su compromiso de arrostrar al narcotráfico se tradujo en que el 35% del territorio ahora está controlado por cárteles de la droga.

Pero AMLO no lo admite. Tampoco que en su país ocurren “masacres y torturas”, como denunció el Departamento de Estado USA y la organización humanitaria Causa en Común, informando que sólo los meses de enero y febrero de este año registraron 80 masacres, 344 casos de torturas, 147 mujeres muertas con crueldad extrema, 110 mutilaciones y 4,129 homicidios dolosos y 1,502 policías asesinados en su gestión gubernamental.

No sorprende, por ello, que también engañe para justificar su injerencia en asuntos peruanos sosteniendo que «la remoción de Castillo fue una flagrante violación a la democracia y derechos humanos”. Una versión pérfida que, sin embargo, apoya su émulo colombiano, Gustavo Petro, quien avaló al abogado argentino Guido Croxatto al lanzar el bulo que “vacaron a Castillo porque este año vencían las concesiones de 30 años de la época de Fujimori, de todos los recursos naturales del Perú”, agregando que la decisión fue «racista y la usan para incapacitar a un maestro que representa a los indígenas”.

En la 28 Cumbre Iberoamericana Petro intentó sorprender a los asistentes manifestando que “Castillo debería estar aquí. El golpe se lo dieron a él”, afirmación mendaz replicada firmemente por la canciller Gervasi, al responder que “si Castillo no está aquí es porque dio un golpe de Estado. De otra manera tendrían ustedes a un dictador”. El ex guerrillero del M-19 fue a la cumbre de Santo Domingo por lana y salió trasquilado. Recibió un nocaut fulminante de la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, nocaut extensivo a AMLO, el difamador mayor; ambos gobernantes mentecatos.

Ahora el Grupo de Puebla, impulsado por López Obrador, ha publicado un deplorable pronunciamiento de apoyo a Castillo, exigiendo que se convoque un referéndum para dar paso a una  Asamblea Constituyente, elecciones generales  inmediatas, nombramiento de unan Comisión de la Verdad que investigue las muertes en los actos de violencia y anuncian que enviarán a Lima un equipo de supervisores encabezados por el ex juez español,  Baltazar Garzón, destituido por el Tribunal Supremo por escuchas ilegales y ahora abogado defensor de Maduro y corruptos chavistas.

Asi, el Grupo de Puebla, proyecta su dimensión anética de la política.