¡INACEPTABLE!

Escribe: César David Gallo Lale.

     Tte. Gral. FAP (r)

 

hay un responsable político; el Ministro de Defensa, como también existe responsabilidad operativa en el jefe del Comando Conjunto y en el Comando Unificado Manco Cápac, creado precisamente para atender la crisis en Puno

 

 

Es conocido que, con base a nuestra Constitución, el Ejecutivo ordenó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tomen el control interno para contrarrestar el objetivo de quienes pretendieron implantar el Socialismo del Siglo XXI desde el nefasto gobierno de Pedro Castillo.

Es sabido, igualmente, que la organización criminal liderada por el exjefe del Estado contaba con el apoyo del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, además de Ongs y del propio Evo Morales; a la sazón ex presidente boliviano y quien ha llevado a los ciudadanos del país altiplánico a la debacle económica. Hoy, ese sujeto pretende apoderarse de la Región Puno, bajo el pretexto que “es un derecho de la nación aimara”.

Los hechos recientes, sin embargo, nos han prendido la luz de alerta por cuanto la orden dada por el Ejecutivo para imponer el orden en dicha zona del país se encontró, según vemos, con limitaciones en su accionar. Para muestra, el propio Estado terminó, por las contradicciones del actual gobierno, siendo cómplice de los actos suscitados en Puno donde, además de las violentas protestas azuzadas por elementos subversivos, ha continuado la minería y la tala ilegal y el contrabando.

Las contraórdenes impartidas por la administración de la señora Boluarte han impedido que se restablezca el Estado de Derecho y el imperio de la Ley. Esas indecisiones han terminado por alimentar los ánimos secesionistas de grupos subversivos al punto tal que como consecuencia de esa violencia se asesinaron a soldados de nuestro Ejército. A la fecha, no hay responsables y las autoridades de Lima han terminado mirando a otra parte.

En ese contexto, el pasado 16 de abril asistimos a una vergonzosa situación (nacional e internacional) en la Región Puno, donde en la Plaza de Armas de la ciudad de Desaguadero en la frontera con Bolivia, un destacamento de nuestro Ejército aceptó que vándalos extremistas impidan el izamiento de nuestro pabellón nacional.

En otras palabras, con el retiro de las tropas se permitió a las hordas de vándalos ir contra el artículo 49 de nuestra Constitución que a la letra precisa que “la Bandera es un símbolo de la patria.” Este acto contra nuestra bandera constituye un delito según señala nuestro Código Penal, habida cuenta que se trata de un delito de ultraje a la Nación y sus símbolos patrios; el vilipendiar o menospreciar públicamente, de obra, palabra o por escrito, los signos representativos de la patria.

Ante estos hechos, es imperativo recordar que la presidenta Dina Boluarte, invocando el artículo 137 de la Constitución declaró el Estado de Emergencia, como respuesta a la perturbación del orden interno tras el fallido golpe del reo Pedro Castillo. Desde diciembre pasado se viene prorrogando esta medida que faculta a las Fuerzas del Orden deben tomar el control del Orden Interno, facultados para usar sus armas que le confiere la nación a través de los Decretos Legislativo 1186; que a su vez regula el uso de la fuerza por la PNP y de acuerdo al Artículo 27 del Reglamento del Decreto Legislativo 1095 que regula las reglas de empleo y uso de fuerza por parte de las FFAA en el territorio nacional.

Sin embargo, lo que viene sucediendo en Puno demuestra que todo ha quedado en el papel, para las galerías. En consecuencia, la pregunta es directa y puntual; ¿Quiénes son entonces los responsables que permiten y dan la orden para que nuestros soldados y policías no hagan uso de las mismas cuando la situación así lo demanda? No olvidemos, por cierto, el caso del policía cruelmente quemado vivo, quien a pesar de tener armamento de reglamento no lo utilizó por “órdenes superiores”.

En las primeras líneas del presente artículo señalaba respecto a las incongruencias y contraórdenes del Ejecutivo para con las FFAA y Policía Nacional. Aquí, hay que decirlo de manera directa, hay un responsable político; el Ministro de Defensa, como también existe responsabilidad operativa en el jefe del Comando Conjunto y en el Comando Unificado Manco Cápac, creado precisamente para atender la crisis en Puno. Esto último, por cuanto  lo que viene ocurriendo en la región altiplánica es ¡Inaceptable!

Por el bien de la patria y por lo que amamos, tenemos que seguir adelante. Nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional se han convertido ahora en la esperanza de todos los peruanos, no podemos defraudarlos. Nuestra patria está en un riesgo jamás visto. Si es necesario ofrendar la vida se la daremos como siempre lo hemos hecho.

¡TERRORISMO Y COMUNISMO, NUNCA MAS!