Desde hace muchísimo tiempo la ciudadanía se queja amargamente de la administración de justicia, en buena cuenta de todo el Sistema, hoy conformado por el Poder Judicial, Ministerio Público (Fiscalía), Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia (antes Consejo de la Magistratura), Justicia Militar-Policial y sus entidades vinculadas como son la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, este último adscrito al Ministerio de Justicia.
El enojo ciudadano, especialmente de los justiciables y de sus abogados, es sobre todo por los largos e interminables procesos judiciales que ya parecen perpetuos, a lo que se suman las innecesarias kilométricas sentencias, las que podrían reducirse en extensión sin abdicar de la obligación de su argumentación fundamentada.
En los últimos treinta años, se han emitido diversas alertas, entre las cuales se encuentran y, sin ser las únicas, expresiones en el Acuerdo Nacional, el famoso, pero no puesto en marcha informe del CERIAJUS, que, siendo conceptuoso y con buenas propuestas, también quedó en el tintero.
A lo señalado en párrafo anterior podemos agregar que por Ley N° 30942 de Mayo del 2019 se creó el “Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia”, conformado por la Presidencia de la República, los presidentes del Consejo de Ministros, del Congreso, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, así como del Fiscal de la Nación, del Contralor General de la República y del Defensor del Pueblo, teniendo cada uno de ellos sus representantes ante el Consejo Técnico, que también tendría representantes de los sectores Justicia e Interior, MEF, JNE, Academia de la Magistratura y rondas campesinas.
Al Consejo al que nos referimos se le asignó la tarea de impulsar la reforma del sistema de justicia, así como los criterios para la elaboración de la política pública para tal reforma, realizar el seguimiento de su implementación, entre otras obligaciones.
El Consejo en cuestión realizó un buen diagnóstico situacional y propuso las medidas a tomarse para reforma del Sistema de Justicia, contando con la colaboración del BID y de la Fundación Konrad Adenauer, entre otras instituciones.
El informe de dicho Consejo fue recepcionado por el Decreto Supremo N° 012-2021-JUS en julio del año 2021, que ordenó su publicación de cerca de 400 páginas que se puede encontrar en INTERNET, D.S. que igualmente dispuso la obligatoriedad de la Política Pública propuesta por tal Consejo.
Con lógica razón el lector de esta columna se preguntará ¿qué pasó con el informe? y la respuesta es que nada, empero en el Parlamento se siguen presentando propuestas de reformas aisladas de diversas instituciones del Sistema de Justicia, incluso reorganizaciones.
Sin embargo, debería verse el tema integralmente, pero incluyendo a las propuestas de solución las de los Colegios de Abogados, que mucho tienen que decir sobre el particular, pues asocian a los letrados que sufren las consecuencias de un deficiente Sistema y que son los que representan a los justiciables. Por supuesto sin olvidar a las facultades de Derecho de las principales universidades.
Como vemos, hasta ahora buenas intenciones, pero sin acciones.
