El Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió, por mayoría, dejar sin efecto todo el juicio contra Keiko Fujimori y más de 30 procesados en el denominado Caso Cocteles.
Decisión del juzgado alcanza a la excandidata presidencial Keiko Fujimori y a los acusados que presentaron la solicitud, pero también a aquellos que no lo hicieron.
Esta medida se tomó en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó retroceder el proceso a la etapa intermedia para un nuevo control de la acusación.
«Desarrollar un juicio con una imputación deficiente constituye una puerta abierta hacia la arbitrariedad, en tanto se pone en riesgo el principio de congruencia procesal, ya que si las conductas imputadas no están debidamente claras o, estando claras, estructuralmente no tienen consistencia, se pone al acusado en una posición de incertidumbre», indicó el colegiado.
La decisión del juzgado alcanza a la excandidata presidencial Keiko Fujimori y a los acusados que presentaron la solicitud, pero también a aquellos que no lo hicieron.
Entre los que pidieron acogerse a los efectos de la sentencia del TC figuran los abogados de Jaime Yoshiyama, Ana Hertz, Efraín Goldenberg, Adriana Tarazona, Pier Paolo Figari, Luis Barboza Dávila, Augusto Bedoya Cámere, Vicente Silva Checa, Antonietta Gutiérrez Rosati y Mark Vito Villanela, así como las defensas de su empresa MVV Bienes Raíces SAC y del partido Fuerza Popular.
La defensa de Keiko Fujimori, representada por Giuliana Loza, manifestó su conformidad parcial con las resoluciones emitidas, pero aclaró que estas no constituyen resoluciones finales, ya que no ponen fin al procedimiento.
“Esta defensa solicita que, en cuanto al último de los extremos, no se considere que las resoluciones que se acaban de leer, conforme a lo establecido en el artículo 415 del Código Procesal Penal, se entiendan como resoluciones finales, si no como resoluciones interlocutorias»”, señaló Loza.
El caso, que está relacionado con presuntos aportes irregulares a las campañas electorales de Fujimori, ahora deberá reiniciar desde la etapa intermedia (control de acusación). En esta fase, el juzgado evaluará nuevamente las pruebas presentadas por el Ministerio Público y decidirá si el caso procede a juicio oral.
Cabe destacar que la anulación no implica una declaración de inocencia para los acusados y se aplicará tanto a quienes solicitaron acogerse a los efectos de la sentencia del TC como a aquellos que no lo hicieron.
Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez solo atinó a señalar que apelará la decisión del Poder Judicial que anula el juicio oral contra Keiko Fujimori y otros por el mencionado caso.
¿Qué pasará ahora con el caso Cócteles?
La abogada penalista, Romy Chang indicó ayer en RPP, que el retroceso del caso a la etapa intermedia significa «que la acusación que había planteado el fiscal y que, en un primer momento, el Poder Judicial le había aprobado, ya no va a surtir efecto«. Es decir, esta «se ha declarado nula y, por tanto, se ha ordenado que se haga una nueva acusación».
«El Ministerio Público, nuevamente, tiene que hacer una evaluación de todo lo que tiene, y evaluar si, con lo que tiene, realmente puede presentar una acusación que satisfaga lo que, en su momento, dijo el TC, que es que no se había respetado adecuadamente el derecho de defensa de las partes», sostuvo Chang.
En ese sentido, la penalista indicó que todos los actos que se habían programado en el juicio oral, tales como declaración de testigos, ya no serán realizados, porque este fue anulado.
«Significa que todo regresa a la etapa anterior y, por tanto, ya no tiene sentido que las personas sigan acudiendo como testigos a rendir su manifestación. Entonces, vamos a volver a empezar, realmente aquí estamos diciendo que todo el tiempo que se invirtió en las 19 correcciones que hizo la Fiscalía de la acusación, en verdad, va a ser tiempo muerto, porque una vez más va a tener que volver a hacer su acusación», precisó.
Respecto al tiempo que tomaría el Ministerio Público para volver a hacer una acusación, Chang resaltó que esto «podría tardar» y generar que, finalmente, sea archivado, aunque no que prescriba.
«Es difícil que prescriba porque hablamos de un delito bastante grave, como es organización criminal, lavado de activos, tendrían que pasar muchos años. Pero el tema aquí, ojo, es que ya ha habido pronunciamientos del TC anteriormente, como, por ejemplo, en el caso del general Chacón, donde también se dijo que una persona no puede estar procesada a lo eterno, o sea, no es que, porque el delito prescribe en 30 años, nos vamos a demorar 30 años en procesarla, porque el estado natural de las personas no es estar sometidas a un proceso», indicó.
«Aquí el problema es que, lo que están diciendo los órganos constitucionales, es que las deficiencias que genera que todas las 19 acusaciones y subsanaciones hayan sido tiempo muerto son del Ministerio Público. Entonces, ya anteriormente el Tribunal Constitucional ha dicho: ‘cuando es mucho tiempo, vulneras el plazo razonable de un proceso y, por tanto, el caso se debe archivar, sin necesidad de que estés ante un tema de prescripción necesariamente’,acotó.
