LA HISTORIA OCULTA
Por Luis Gonzales Posada.
La Asamblea General de la OEA no debatió un proyecto de declaración contra el gobierno dictatorial de Venezuela, elaborado por los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Chile, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Costa Rica y Guatemala. No lo hizo por no contar con el apoyo del Perú, país anfitrión del evento, ni de otros regímenes de izquierda convertidos en protectores de la corrupta y genocida dictadura de Caracas. La declaración fue leída – no votada – por el Representante Permanente de Canadá ante la OEA, embajador Hugh Adsett. (AG/INF/.765/22).
El texto demanda a Maduro «la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, cese de las persecuciones, respeto a la independencia de los partidos, a la libertad de expresión y de prensa, y el restablecimiento del pleno respeto de los derechos humanos».
La exposición también se apoya en informes de la Misión Internacional Independiente de la ONU, que señalan que los servicios de inteligencia bolivarianos “cometieron violaciones a los derechos humanos y delitos constitutivos de crímenes de lesa humanidad (…) incurriendo en tráfico de personas, prostitución forzada, violencia sexual, de género, actos de tortura de extrema gravedad, como parte de un plan diseñado por las autoridades de alto nivel para reprimir a los opositores del Gobierno”; represión que – sostienen- se extiende al “tráfico de personas, prostitución forzada, violencia sexual, de género y contra grupos indígenas”.
Asimismo, tomaron nota de “la decisión del Fiscal de la Corte Penal Internacional de noviembre del 2021, de abrir una investigación formal tras concluir que pudieron haberse cometido crímenes de lesa humanidad a partir del 2017” y manifestaron preocupación por la “grave crisis de migrantes y refugiados más grande de la historia de América Latina, que ha llevado a más de 6.8 millones de venezolanos a huir de su país”.
Desde la perspectiva del derecho humanitario la complicidad del gobierno peruano con la dictadura venezolana constituye una infamia diplomática, que tiene explicación, pero no justificación.
La explicación es que, al asumir la presidencia, Pedro Castillo se alineó con el bloque del socialismo del siglo 21. En ese contexto recordemos que el embajador Oscar Maúrtua, entonces presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, sostuvo: “Soy un convencido que el gobierno de Venezuela es una alianza de corrupción y narcotráfico. El narcotráfico impera, la corrupción impera. Es infame las prebendas, canonjías, repartos, coimas”. (diario Correo 23/08/2021)».
Designado canciller, tiró por la borda esas opiniones y reconoció a Maduro como “presidente legítimo”. ¿Qué vergüenza, ¿no? Sí, pero no menor a la actuación de embajadores retirados que muy orondos aceptaron formar parte de una plataforma para proteger a Castillo, a cambio de un puesto en el Estado y buena paga. Nos referimos a Rodríguez Cuadros (ONU), Forsyth (OEA), de Rivero (USA).
Ante estos estropicios, una pregunta :¿Por qué no se pronuncia la Asociación de Diplomáticos en Retiro y ex cancilleres, que tienen el deber de cautelar por los principios rectores de una prestigiosa institución bicentenaria que han jefaturado y que ahora ha sido desviada de sus principios rectores, deslizándose por los oscuros vericuetos del chavismo?.
Mientras el país se convulsiona moralmente ante actos de corrupción que involucra a ministros, parlamentarios, presidente y familiares, a la portátil de embajadores retirados al servicio de Castillo no les interesa esos temas que desgarran a la nación, y siguen cumpliendo el penoso oficio de blindadarlo internacionalmente por un estipendio.
Lo mismo sucede con el canciller de rostro pétreo, César Landa, hoy de gira por varios países europeos, victimizando a su empleador. La historia, sin duda, registrará el nombre de esos personajes en la categoría de cómplices de corruptelas que escarnecen al Perú.