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LEGISLADORES CON PROCESOS PENALES EN TRÁMITE NO PODRÁN SER PARTE DE MESA DIRECTIVA

Los parlamentarios que tienen en su haber procesos penales en trámite o que hayan sido objeto de alguna sanción por parte de la Comisión de Ética del Congreso de la República, no podrán ser parte de la Mesa Directiva de ese poder del Estado. Así lo establece un proyecto de ley presentado por el legislador Roberto Chiabra (APP).

De acuerdo con la iniciativa de resolución legislativa, estos congresistas tampoco podrán ser propuestos para ocupar los cargos directivos en las diferentes comisiones ordinarias ni participar en viajes oficiales al exterior como representantes del Parlamento o ser miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En el caso específico de los legisladores sancionados por la Comisión de Ética, estos también quedarán prohibidos de integrar este grupo especial de trabajo.

El proyecto de resolución legislativa modifica los artículos 20°y 34° del Reglamento del Congreso con el objeto de fortalecer la idoneidad e institucionalidad parlamentaria de los integrantes a la mesa directiva, cargos directivos del cuadro de comisiones y representación oficial en el exterior.

La iniciativa legislativa tiene como objetivo garantizar la designación en los cargos directivos, de parlamentarios idóneos que no tengan sanciones previas o cuestionamientos que puedan ocasionar suspicacias ante la ciudadanía y afectar la imagen y prestigio del Congreso de la República.

En la exposición de motivos sobre el que se sustenta el proyecto de ley, se hace mención a un sondeo realizado el pasado mes de julio, cuyos resultados fueron alarmantes para los congresistas en la medida que un 86% de los encuestados respondió que desaprueba al actual Parlamentos mientras 9% expresó que lo aprueba.

“Si bien los principales responsables de filtrar a las personas que participan y militan en sus agrupaciones son los partidos políticos, una vez electos como parlamentarios es deber del Congreso de la República establecer criterios y reglas mínimas que eviten cualquier objeción de idoneidad, integridad o independencia para el cargo”, se indica en la exposición de motivos.

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