LÍNEAS MÓVILES: OPERADORAS RECIBIERON 77,597 RECLAMOS POR CONTRATACIONES NO AUTORIZADAS

Al respecto, dijo que solo en el 2022, el Osiptel brindo más de 44,000 datos a instituciones públicas, como el Ministerio del Interior o el Ministerio Público, para identificar a titulares de determinadas líneas o equipos móviles, que están relacionados a delitos.

“Hemos emitido más de 22,000 cartas con información para investigaciones de delitos como fraudes bancarios, realizados con líneas móviles contratadas sin consentimiento, sobre todo, a través de la venta ambulatoria”, señaló.

Refirió que el Osiptel continúa fiscalizando este mal accionar de las empresas operadoras que persiste pese a que vulnera los derechos de los usuarios y los altos riesgos para la seguridad ciudadana.

“Para sumar en esta cruzada por la seguridad de los peruanos, está en manos de la Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco) del Congreso de la República aprobar el proyecto que ley que prohíbe la comercialización y contratación de los servicios móviles de forma ambulatoria o en la vía pública y asigna responsabilidad administrativa a los representantes de las empresas por ello”, acotó.

Capacidad sancionadora

En el 2022, las multas firmes impuestas a las empresas por infracciones relacionadas a la venta ambulatoria superaron los 4.6 millones de soles, reportó Osiptel.

“Sin embargo, está acción ilegal continúa, pues el monto de la sanción es menor al beneficio o ingresos que obtienen incumpliendo las normas”, indicó.

En ese sentido, Muente explicó la necesidad de elevar la capacidad de sanción del ente regulador, pues las multas actuales no tienen capacidad disuasiva y alientan a que las empresas operadoras sigan con la venta ambulatoria o se nieguen a remitir información al Osiptel, entre otras infracciones, pues están dispuestas a asumir las consecuencias de sus acciones.

Recordó que los topes de sanción del Osiptel son los más bajos entre todos los reguladores, por lo que resulta importante fortalecer sus funciones para que se garantice la adecuada prestación de los servicios de telecomunicaciones por el bienestar de los usuarios.

“Los incumplimientos de las empresas se traducen en la insatisfacción con el servicio recibido y también en los reclamos presentados por los usuarios, que se incrementaron en 42.9% en el 2022, superando los 2.3 millones”, comentó.

Precisamente, la Codeco aprobó por mayoría el proyecto de ley que fortalece la capacidad sancionadora del Osiptel en cuanto a la calificación de infracciones, niveles de multas y multas coercitivas, lo que traerá como consecuencia que las empresas operadoras, brinden un mejor servicio a los usuarios, destacó Osiptel.

Este proyecto deberá ser discutido en las próximas semanas en el Pleno del Congreso, puntualizó.