El Estado debe responder a este desastre, recuperar al país de la violencia y garantizar el derecho a la vida y al trabajo dentro de la Constitución y la ley.
El Congreso debate mientras los protestantes traídos de provincias caminan penosamente largos trechos para participar en las peligrosas embestidas violentas y destructivas, repitiendo libretos absurdos. Quisieron tomar Lima en su aniversario y ya permanecen dos semanas en la capital en busca de más muertos y mayor destrucción. Esta es la epopeya, dizque histórica, que proclaman los congresistas radicales, que gritan que todo el país reclama, que el pueblo en las calles pide nueva constitución y nuevo gobierno. Pero es una farsa, las marchas no son el país ni lo representan.
Como bien ha demostrado Luis Benavente de Vox Populi no llegan ni al 0,1% de los 33 millones de peruanos que rechazan la tiranía de quienes traen a los más pobres sin educación para repetir consignas, sin saber exactamente para qué han venido, maltratados por un pago irrisorio y abusivo, manipulados por quienes usan el terrorismo para doblegar a la población desde un gobierno débil, parcializado y dubitativo. En Callao y Cusco las poblaciones han expulsado a los violentistas. Y así seguirá con altísimo costo social porque el terror nunca será la vía para el cambio social. Ya tenemos los ríos de sangre que anunciara Aníbal Torres e indujera Pedro Castillo.
Y el país reclama la pacificación inmediata para lo cual respalda la fuerza legal y la autoridad moral de la Policía Nacional y las FFAA. Necesitamos combatir la pobreza y la desigualdad sin sangre ni violencia destructiva. Si el Perú quiere democracia y estado de derecho las mayorías mandan y las minorías se sujetan a la autoridad ejercida con firmeza. El Estado debe responder a este desastre, recuperar al país de la violencia y garantizar el derecho a la vida y al trabajo dentro de la Constitución y la ley.
