LOS JUECES PROVISIONALES Y LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO EN EL PERÚ

En el Perú, la narrativa de las izquierdas progresistas, neocomunistas y progresistas ha construido un relato perverso que nos señala que el sector empresarial no paga impuestos o se niega a hacerlo, tal como se señala en la ley. Sin embargo, semejante narrativa no encuentra ningún asidero en la realidad cuando se contrastan algunas cifras que revelan que el principal peso de los recursos del Estado recae sobre el sector privado. Por ejemplo, para nadie es desconocido que aproximadamente el 80% de los ingresos fiscales provienen del sector privado y que el 80% del empleo se genera en los mercados formales e informales del país.

Los conflictos tributarios entre el Estado y los principales contribuyentes

Algo más. Alrededor del 80% de los ingresos del Estado en el impuesto a la renta es aportado por alrededor de 100 empresas no obstante que en el país existen aproximadamente 11 millones de contribuyentes, de los cuales 15,000 se consideran grandes contribuyentes. Si a estas cifras le agregamos que cerca del 60% de la economía y la sociedad es informal, entonces, es absolutamente claro que sin el sector privado el Estado carecería de recursos, tal como sucede con los estados en Venezuela y Bolivia, por ejemplo.

La empresa privada, pues, es la gallina de los huevos de oro del Perú, es la fuente principal de los recursos fiscales y la izquierda anticapitalista debería entender que la planilla de los burócratas y las consultorías del progresismo se financian, principalmente, con el aporte privado.

De otro lado, el Estado, aparte de cobrar los impuestos establecidos en la ley, mantiene litigios con las empresas privadas, sobre todo con los principales contribuyentes del país, por diversas interpretaciones de las leyes tributarias. Por ejemplo, según la Sunat cerca de 300 empresas han presentado amparos y recursos ante la Judicatura, el Tribunal Fiscal, instancias administrativas e, incluso, ante instancias internacionales.

Planteada las cosas así la estrategia de cualquier gobierno con sentido común debería apuntar a seguir fomentando las inversiones y el crecimiento para que el Estado incremente su recaudación y sus posibilidades de recursos fiscales, sobre todo en un momento de recesión de la economía como acaece en la actualidad.

Sin embargo, se acaba de conocer de cambios en el sistema de justicia que generan enorme desconcierto en el sector empresarial. Se ha modificado la composición de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Transitoria de la Corte Suprema encargada de ver los temas tributarios y aduaneros desde el 21 de enero pasado. Sucede que ahora de una sala de cinco integrantes, tres tienen calidad de provisionales. Una medida que genera interrogantes.

Es evidente que desde los predios del Poder Judicial se puede argüir que la nueva composición de la mencionada corte se explica por la falta de vocales titulares. Es una parte de la verdad. Sin embargo, en la medida que la continuidad de los provisionales depende de factores externos a la propia actuación de los propios magistrados, ha comenzado a surgir la especulación de que el poder político estaría presionando para que el Estado pueda ganar sus litigios con el sector privado.

Si esas especulaciones fuesen verdaderas se estaría enviando una terrible señal a los mercados y a los inversionistas en momentos en que el Perú ha entrado en recesión por la caída de la inversión privada en dos años consecutivos. Un Estado lo mínimo que puede hacer ante el sector que financia todos sus recursos, ante la gallina que produce los huevos de oro de un país, es organizar una justicia predecible e imparcial.

Tomado de: El Montonero