LOS NIÑOS DE LA CALLE

la norma aprobada por la Comisión de la Mujer honra el artículo 4 de la Carta Fundamental que señala que “la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono”.

Ha culminado el periodo anual de sesiones de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, presidida por Milagros Jáuregui de Aguayo e integrada por un equipo competente y sensible de legisladoras.

Esa comisión ha aprobado, por unanimidad, un proyecto de ley para crear un Fondo Concursal de apoyo a la niñez desamparada, para proveer recursos económicos a las organizaciones privadas sin fines de lucro que trabajan con los niños rescatados de las calles con la finalidad de rehabilitarlos del consumo de drogas, o que han sido víctimas de prostitución infantil y explotación laboral.

No existe un censo confiable para saber cuántos se encuentran en la calle, aunque un reporte del 2014-2024, elaborado por el Ministerio de la Mujer, identifica a 194,559 menores en esa situación.  Lo más crítico, y lamentable, es que solo 13% de ese universo ha sido atendido en los centros de acogida residencial (CAR) administrados por el Estado. (EC/14/06/2024)

La cantidad, sin embargo, debe ser mucho mayor, considerando los centenares de niños de familias migrantes, especialmente de nacionalidad venezolana, refugiadas en el país, a quienes vemos solicitando caridad a transeúntes y automovilistas.

 En la exposición que realicé ante la Comisión de la Mujer, referí que esta situación podría resolverse fácilmente si existiera voluntad política, porque el Gobierno cuenta con suficiente dinero para atender a los niños desamparados.

A tal punto – sostuve – que el año pasado el Estado no utilizó 15,417 millones del presupuesto de inversión y los gobiernos regionales y municipales no ejecutaron, en la última década, 30% del canon minero, cifra ascendente a 56,456 millones.

Con una pequeña cantidad de esos recursos no empleados podrían construirse centros especializados a cargo el Inabif y, además, apoyar a los organismos humanitarios privados que realizan esa labor.

El Fondo propuesto en el proyecto se constituirá con un pequeño porcentaje de los impuestos que percibe el fisco de los juegos de casino y tragamonedas, entre otros rubros.

En ese contexto, es importante destacar que la norma aprobada por la Comisión de la Mujer honra el artículo 4 de la Carta Fundamental que señala que “la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono”.

Asimismo, cumple el mandato del artículo 33 de la Convención sobre Derechos del Niño de las Naciones Unidas y diversos pactos internacionales que establecen el compromiso del Perú de  protegerlos contra el uso de estupefacientes y de toda forma de explotación y abusos sexuales.

Esperamos que esta admirable iniciativa prospere en el Pleno y se convierta en ley de la República porque las carencias económicas impiden albergar en los centros públicos y privados a niños y niñas de la calle.

El Instituto Mundo Libre, que tengo el honor de presidir, ha rehabilitado de las drogas y el alcohol, así como de los traumas producidos por la prostitución infantil, a 3,648 mil menores y el programa que desarrollamos es considerado como ejemplar por la Dirección de Narcóticos del Departamento de Estado norteamericano que, además, recomienda su aplicación en otras naciones.

Sin embargo, en el 2022 hemos clausurado la casa de niños por falta de dinero y podríamos hacer lo mismo con la casa de niñas que alberga el Instituto y que brinda asistencia médica y psicológica, escolaridad, vestuario, alimentación y capacitación en talleres ocupacionales, debidamente supervisados por expertos en la materia

Recordemos que los niños de la calle están expuestos a graves peligros y pueden convertirse en distribuidores de drogas, incursionar en el submundo de la delincuencia,  quedar afectados severamente en su salud o morir tempranamente, por lo que su atención es  prioritaria y debe constituir una política de Estado.