Las protestas masivas de 2018 fueron reprimidas, en parte, por brigadas de «voluntarios» armados, según denunciaron organizaciones.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos han acusado a estas brigadas informales de reprimir y disparar contra ciudadanos durante las protestas antigubernamentales de 2018.
La reforma constitucional también permitiría cesar de su cargo a los funcionarios públicos que disientan de los «principios fundamentales» del régimen, una práctica que ya se venía dando de forma no oficial, según denuncian organizaciones.
La reforma también limitaría aún más la libertad de expresión a cuando esta «no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución».
Además, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega que gobierna el país, se oficializa como símbolo patrio junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.
Se espera que la reforma constitucional tenga el visto bueno de la Asamblea Nacional, donde 75 de los 91 diputados son del FSLN y el resto no suelen oponerse a las iniciativas que allí se presentan.
La pareja de «copresidentes»
Daniel Ortega, de 79 años, eliminó los límites que la Constitución establecía para el mandato de un presidente, lo que le ha permitido renovar su cargo varias veces desde 2007 en procesos electorales considerados fraudulentos por varios países y organizaciones internacionales.
Ortega comenzó su carrera política como guerrillero del FSLN, en cuyas filas combatió la dictadura de la familia Somoza.
Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, asumió por primera vez la presidencia en 1985, liderando un gobierno marcado por reformas inspiradas en el socialismo y un conflicto armado con los contras, financiados por Estados Unidos.
Desde su victoria en las elecciones de 2006, Ortega se ha mantenido en el cargo pese a que la Constitución de entonces establecía estrictos límites de mandato.
Tras perder las elecciones de 1990, permaneció como líder del FSLN en la oposición hasta ganar los comicios de 2006, regresando a la presidencia en 2007.
Rosario Murillo, nacida en 1951, es una poeta y política que milita en el FSLN desde 1969.
En plena lucha clandestina durante los años 70, comenzó su relación con Daniel Ortega en 1978, ascendiendo desde entonces a cargos relevantes en el ámbito cultural y comunicativo del partido.
Murillo es vicepresidenta desde 2017 y ostenta un amplio poder de decisión en el partido y el gobierno.
Personas de su ámbito cercano también han destacado su carácter y estilo excéntricos, y su inclinación al esoterismo.
El presidente y su esposa vicepresidenta renovaron sus cargos tras las elecciones de 2021, que se celebraron con los principales candidatos de la oposición suspendidos y encarcelados, y fueron consideradas un fraude por gran parte de Occidente y organizaciones internacionales.
El FSLN
La bandera roja del Frente Sandinista de Liberación Nacional será, cuando se aplique la reforma, un símbolo patrio al nivel de las insignias nacionales, lo que apuntalaría el sistema de partido único de facto impuesto por Ortega en los últimos años en Nicaragua.
El FSLN fue fundado en 1961 como un partido socialista cristiano inspirado en la lucha de Augusto César Sandino (1895-1934) contra la ocupación estadounidense.
Tras la revolución que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979, estableció un gobierno revolucionario que impulsó reformas sociales, aunque fue criticado por su cuestionable gestión económica y violaciones de derechos humanos.
Durante la década de 1980, bajo el liderazgo de Daniel Ortega, combatió a los contras, guerrillas financiadas por Estados Unidos, en una guerra civil que devastó al país.
Tras perder las elecciones de 1990 ante Violeta Barrios de Chamorro, el FSLN se reorganizó como partido de oposición.
Cuando Ortega fue reelegido como presidente en 2006, consolidó en el partido un liderazgo centralizado.
Descontentos con el giro autoritario y la concentración de poder en Ortega y Murillo, dirigentes históricos del partido como Sergio Ramírez y Dora María Téllez fundaron movimientos alternativos, como el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
Tras las históricas protestas antigubernamentales de 2018 y las cuestionadas elecciones de 2021, Ortega y el FSLN radicalizaron aún más su postura contra los excompañeros disidentes y los opositores en general, a quienes persiguieron, encarcelaron y finalmente desterraron por «traición a la patria» en 2023.
Críticas de la OEA y la oposición
El anuncio de la reforma constitucional ha desatado una oleada de críticas en la oposición nicaragüense, cuyos líderes están en el exilio tras ser encarcelados y después desterrados en 2023.
Para Félix Maradiaga, una de las figuras más visibles de la disidencia, la medida «no solo representa una consolidación totalitaria del poder en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino que formaliza en papel las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y los atropellos que la dictadura ha venido cometiendo desde hace años«.
Por su parte, el político opositor, economista y empresario Juan Sebastián Chamorro denunció que la reforma «elimina la separación de los poderes del Estado y los deja bajo la coordinación de una dictadura bicéfala».
Chamorro alegó que, aunque esto «ya venía ocurriendo en la práctica», supone «la más flagrante violación de los derechos, porque se trata de la carta magna».
En su comunicado de este miércoles, la OEA señala que «el documento de la ‘reforma’ es ilegítimo en la forma y el contenido, constituye meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial en el país centroamericano y es una agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático».
Y añade: «el Pueblo de Nicaragua necesita paz, democracia y respeto a los Derechos Humanos, necesita elecciones auténticas, legítimas, universales y libres. El Pueblo Nicaragüense necesita el fin de la dictadura».
