LOS SISTEMAS REPUBLICANOS Y EL FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS Y OENEGÉS

Una interrogante para cualquier democracia, para cualquier sistema republicano o una sociedad abierta, debería ser sobre cómo deben financiarse los partidos y las oenegés que han pasado a convertirse en gravitantes en la organización de la llamada sociedad civil. ¿El financiamiento de los partidos debe provenir, principalmente, del Estado? Creemos que no. Para cualquier liberal, para cualquier conservador, la idea de un Estado que financia a los partidos es aterradora, porque ha empoderado a una burocracia, a una facción de la sociedad, en el desarrollo de esta actividad tan delicada.

Un debate que atraviesa a la mayoría de las democracias del planeta

Es evidente que los progresistas del mundo sostendrán que el financiamiento estatal de los partidos se desarrolla de acuerdo a los resultados electorales y, por lo tanto, la sociedad es la protagonista. Sin embargo, el financiamiento estatal de los partidos, en el acto, desata la sobrerregulación, la burocratización de la vida de los partidos. Y, de pronto, tal como ha sucedido en el Perú, los partidos comienza a ser regulados en todo (desde cómo elegir sus comités y sus candidatos hasta cómo desarrollar las elecciones internas) y la idea del partido como protagonista de la democracia, como intermediario entre la soberanía popular y el Estado, simplemente desaparece. Allí está una de las causas de la crisis política y la pésima representación en el Congreso.

En el Perú la sobrerregulación de los partidos ha corrido en paralelo con la judicialización del sector privado que se atreve a financiar a los partidos. De esta manera se han establecido todo tipo de limitaciones, incluso sancionadas en el nefasto referendo de Martín Vizcarra que destruyó el sistema político. En este contexto, el Estado, el JNE, La ONPE y la Reniec pasan a ser los grandes protagonistas de la vida de los partidos.

El objetivo del progresismo en el Perú fue clarísimo: eliminar la partidocracia como el régimen del poder de las repúblicas y, en ese camino, judicializar los aportes privados de las empresas. Cuando el viejo Marx dijo que la democracia era el régimen de la burguesía no se equivocaba. Lo que no sabía es que los progresistas peruanos iban a tener la habilidad de bastardear la legislación electoral para desaparecer a los partidos y eliminar el aporte privado de las empresas.

La estabilidad de los sistemas republicanos del Reino Unido y los Estados Unidos, las mayores democracias del planeta, también se basa en sus partidocracias y el libre aporte del sector privado a los partidos. Únicamente se exige que todos los aportes sean estrictamente bancarizados y con el respeto a todos los principios del Estado de derecho.

Al lado del arrinconamiento de los partidos y la práctica eliminación del aporte privado a la política en el Perú se ha multiplicado el financiamiento de las oenegés que, de manera velada, posibilita desarrollar acción política, formación y organización partidaria al margen de la vigilancia de las autoridades electorales. E igualmente se ha multiplicado el financiamiento de las oenegés que en el norte y en el sur desarrollan campañas en contra de las inversiones mineras (Conga, Tía María y el corredor vial del sur), que pretenden destruir las agroexportaciones y buscan restarle productividad a la industria pesquera.

Creemos que el Perú debe avanzar a una legislación electoral que replique lo mejor de las legislaciones electorales anglosajonas que promueven las partidocracias y el libre financiamiento privado de los partidos, siempre y cuando, se ajuste a los criterios del Estado de derecho. Es hora de desregular la maraña burocrática electoral partidaria que ha creado el progresismo en el país y ha destruido la política. Es sabido que una regla universal de la burocracia es la informalidad.

Y, en cuanto a las oenegés, sin afectar la libertad de financiamiento de estas organizaciones civiles se debe pasar a regular a todas aquellas oenegés que desarrollan actividades con impacto político, económico y social que pueda considerarse negativo.

Por ejemplo, los partidos deben tener financiamiento nacional privado, de ninguna manera internacional. Allí deben existir regulaciones. Asimismo, se debe regular todas las oenegés con impacto negativo económico y social, tal como sucede en el llamado corredor vial del sur en donde estas organizaciones desarrollan actividad antiminera y, al margen de cualquier voluntad, terminan favoreciendo a nuestros competidores internacionales en la producción de minerales.

TOMADO DE: El Montonero