LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y RECESIÓN DEMANDA ESTADO DE DERECHO

La actual recesión de la economía es consecuencia directa de la polarización política, la elección de Pedro Castillo, la campaña por la constituyente y las propuestas de nacionalizar los recursos naturales. En ese contexto, las minas emplazadas en el corredor vial del sur (en donde se produce el 40% del cobre nacional) y en el sur de Ayacucho fueron víctimas de la violencia del extremismo radical antiminero, ante el silencio y la indiferencia de las principales instituciones del Estado. En ese escenario terrible para la inversión minera sucedió lo previsible. Después de Quellaveco no se conoce otra gran inversión, como solía suceder en los últimos años.

 

No se pueden seguir tolerando bloqueo de carreteras y violencia contra las minas

 

En este contexto, es necesario recordar la grave situación que enfrentaron las minas del sur emplazadas en el corredor vial durante el Gobierno de Pedro Castillo y también durante las olas insurreccionales del verano pasado. Al respecto, el caso de Las Bambas es uno paradigmático que explica cómo se atentó en contra de la minería moderna, a tal extremo que la producción de esta operación se desplomó en el 2022. Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grandes del planeta, tiene una capacidad de producción anual de más de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC). Sin embargo, el año pasado apenas llegó a producir 220,000 TMC.

Las causas de este derrumbe en la producción tienen que ver con la decisión del Estado de no hacer respetar el Estado de derecho. Desde el inicio de sus operaciones en el 2016, Las Bambas ha acumulado más de 17 meses de interrupciones en la vía que impidieron trasladar el mineral hacia el puerto. Por otro lado, unas decenas de pobladores invadieron el tajo de Chalcobamba y comenzaron a desarrollar minería ilegal. El mencionado tajo está llamado a reemplazar al agotamiento de las leyes del tajo Ferrobamba, que se explota desde el inicio de las operaciones.

Una de las cosas más graves de la violencia en contra de Las Bambas es que se atenta en contra del principal motor antipobreza en Apurímac. Vale señalar que desde el inicio de la operación minera el PBI de la región se incrementó en 200%. Asimismo, Las Bambas genera alrededor de 8,000 empleos directos y más de 75,000 indirectos, y ha desarrollado una red empresarial en los distritos de zona de influencia directa que se expresa en negocios y empresas de transporte, alimentación, hotelería y otros servicios.

A pesar de todos los problemas que enfrentó Las Bambas el año pasado, la pobreza descendió al 24.7% y Apurímac se convirtió en la región que más avanzó sobre este flagelo social luego de la pandemia del coronavirus. Cabe anotar que se trata de la primera vez en la historia republicana que Apurímac reduce su pobreza por debajo de la media nacional, que el año pasado se ubicó en 27.5%. Igualmente, si comparamos los niveles de pobreza apurimeña en comparación con otras regiones andinas el contraste es evidente. Por ejemplo, Cajamarca, Puno, Huancavelica y Ayacucho tienen niveles de pobreza que sobrepasan el 40% de la población.

Como se aprecia con absoluta claridad la renuncia del Estado a defender la Constitución y la ley en las regiones mineras es un atentado en contra la reducción de pobreza en las regiones andinas y fomenta la recesión de la economía nacional.

TOMADO DE: El Montonero