LUIS HERRERA: «DERECHOS DEL DELINCUENTE NO PUEDEN SER IGUALES AL DEL CIUDADANO HONRADO»

El analista en temas de seguridad opinó que era necesario que el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, hubiese puesto en debate la modificación del modelo penal garantista que beneficia a los detenidos

“…el modelo penal garantista que otorga a la Fiscalía la dirección de la investigación criminal, se basa en la concepción de que hay que proteger al detenido de la acción del Estado. “El discurso del jefe del Gabinete pecó al repetir las acciones y propuestas presentadas en meses anteriores y que hasta la fecha no han tenido resultado en la lucha contra el delito…”

El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, desaprovechó la oportunidad de poner en debate la necesidad de modificar el modelo procesal penal garantista, devolver la investigación criminal a la Policía Nacional del Perú, modificar la doctrina penitenciaria y el régimen disciplinario de la institución policial, reformas que se requieren para enfrentar a la delincuencia, opinó el doctor Luis Herrera Romero, analista y exjefe de asesores del Mininter.

Al precisar su idea, dijo a Guik.pe que el modelo procesal penal vigente, que otorga la dirección de la investigación criminal a la Fiscalía, se basa en la concepción de que hay que proteger al detenido de la acción del Estado, “lo que en la práctica equipara  los derechos del delincuente a los derechos de los ciudadanos honrados”.

En otro momento subrayó que ese modelo procesal trae como consecuencia que muchos delincuentes sean liberados a pesar que han cometido delitos atroces que merecen el repudio de la ciudadanía y provoca graves problemas en la seguridad ciudadana y también en la economía del país.

“El discurso del jefe del Gabinete ante el Congreso de la República pecó al repetir las acciones y propuestas presentadas en meses anteriores y que hasta la fecha no han tenido resultado en la lucha contra el delito”, señaló al analizar lo dicho por Adrianzén.

 Indicó que, por ejemplo, la creación de unidades especiales como el grupo Grecco y la nueva unidad de investigación de delitos transnacionales no son acciones con impacto, porque implica desarmar direcciones generales y unidades ya existentes, y no cuentan con la infraestructura y equipamiento adecuados actualmente.

Respecto al control de armas de fuego y mejoramiento de infraestructura de las comisarías, dijo que no son acciones innovadoras, sino parte de las actividades ordinarias del Ministerio del Interior. “Mencionar que se mejorarán 36 comisarías de las cerca de 1700 existentes a nivel nacional es insuficiente”, sostuvo.

Herrero Romero señaló que las medidas referentes a la lucha contra el narcoterrorismo y combate al tráfico ilícito de drogas son genéricas y no detallan programas específicos para su implementación.

Sin embargo, agregó que «el pedido de delegación de facultades en materia de política criminológica y penitenciaria, así como en seguridad y defensa nacional es una oportunidad para desarrollar una nueva doctrina nacional de lucha contra el crimen organizado y delitos con ferocidad, que prioricen la seguridad de los ciudadanos honrados y no la defensa de los delincuentes.»