FALSIAS

La actual  presidente de la República, Dina Boluarte, ha decidido no contribuir en mucho a la calma política, ni a la necesaria pacificación social, al estrenarse como no muy convencida de su cargo -ya juramentado-, ni de su propia legitimidad constitucional. 

No debemos andarnos cantando falsías, ni clamando lastimeramente por una “justicia” que se cree no tener, desconociendo la justicia constitucional y democrática

 

Ella sola -al lado de sus “brillantes” asesores y actuales compañeros de ruta- se ha puesto una rueda de molino por collar y ha aceptado “rebajar” su mandado yendo a un “adelanto de elecciones generales” -presidenciales y congresales para diciembre del 2023-, pretendiendo renunciar al mandato que originalmente le da la Constitución hasta julio del 2026.

No es la misma la situación de un vicepresidente que la del presidente del Congreso. Si bien los tres están en la línea de sucesión, la diferencia radica en que los dos vicepresidentes con la misma legitimidad y plazo que el presidente de la República, en cambio el caso del presente del Congreso no es así, ya que no ha sido elegido para ser presidente de la República y solo accedería a dicho cargo si es que existieran habilitados los dos vicepresidentes. Por eso es que el presidente del Congreso, si asume la presidencia, lo hace a título “transitorio”. No es el caso de los vicepresidentes.

Para eso, bajo nuestra Constitución, los ciudadanos elegimos a una “plancha presidencial” en la que consta un candidato a la presidencia de la República, y dos vicepresidentes de la República. Son elegidos el mismo día, con los mismos votos y con igual legitimidad. Eso debe quedar claro.

Cuando cesa en el cargo un presidente de la República, bien por renuncia, por muerte o por declaración de vacancia, se abre la sucesión presidencial y son llamados, en orden sucesivo, el primer vicepresidente y, en defecto de este, el segundo vicepresidente. En ambos casos, para completar el mandato quinquenal que le había sido dado al presidente originalmente proclamado.

Por ejemplo, cuando el Presidente Kennedy fue asesinado en los EEUU en 1963, de inmediato se realizó la juramentación del presidente Johnson, a título de Presidente con todas las facultades y funciones para completar el mandato oficial de Kennedy. Otro tanto ocurrió cuando el Presidente Nixon fue obligado a renunciar a su mandato, siendo sustituido de inmediato por el Vicepresidente Ford en 1974, también en los EEUU.

A nadie se le ocurrió llamar “presidente transitorio” ni a Johnson, ni a Ford, ni a pedirles el recorte de sus mandatos, ni el adelanto de las elecciones en los EEUU. La vida constitucional continuó, pues para eso existe la previsión constitucional de los vicepresidentes en casi todas las constituciones del mundo occidental.

Sólo en defecto de estos dos vicepresidentes, en el caso peruano, la sucesión recaerá en el presidente del Congreso, este sí a título “transitorio”, y es quien deberá convocar de inmediato a elecciones. Se debe entender que el mandato presidencial -y el congresal- ha quedado alterado, por lo que debieran ser “elecciones generales”.  Salvo mejor parecer.

Pero ahora tenemos una compleja situación que la propia Presidente Boluarte ha contribuido a fragilizar en su propia persona y autoridad, con un monacal Premier que casi no se ve, con un Ministro de Defensa híper activado e híper presencial  (en el fondo, él es el verdadero premier en este mundo en que reina la informalidad y la falta de institucionalidad), y con activadas revueltas violentistas que deberían ser prontamente conjuradas con esa necesaria mezcla de autoridad y legitimidad que la democracia constitucional, bien ejercitada, nos ofrece.

No debemos andarnos cantando falsías, ni clamando lastimeramente por una “justicia” que se cree no tener, desconociendo la justicia constitucional y democrática que nuestra democracia constitucional nos ofrece claramente en el marco de la Carta Magna.

Ahí están, en claro ejemplo, una Fiscal de la Nación, un Ministerio Público, una Corte Suprema de Justicia de la República, un renovado Tribunal Constitucional y, ciertamente, un revitalizado y reempoderado Congreso de la República.