El Poder Judicial, a través del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó 24 meses de prisión preventiva contra el abogado Mateo Castañeda Segovia y 36 meses contra Noriel Chingay Salazar, investigados por organización criminal y otro.
La decisión fue emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien dispuso que se oficie a la Policía Nacional para la búsqueda, ubicación y captura de Noriel Chingay, para su internamiento en un penal.
En tanto, el abogado Mateo Castañeda, presente en la audiencia, quedó detenido en el acto.
El juez optó, en este caso, por efectuar un control difuso constitucional y no aplicar las leyes 32108 y 32138, que tipifican el delito de organización criminal, pues, argumentó, «contravienen la Constitución y afectan derechos fundamentales colectivos de la sociedad«.
Asimismo, señaló que ambas leyes atentan contra la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convencoión de Palermo.
Recordó que los referidos instrumentos garantizan derechos fundamentales colectivos y establecen estándares internacionales para la persecución del crimen transnacional, respectivamente.
El magistrado determinó que existe sospecha grave de que Mateo Castañeda cumplió el rol de “brazo legal” durante el tiempo en que prestó sus servicios a la organización criminal denominada ‘Los Waykis en la Sombra’, al contactar y tratar de influir en los agentes policiales encubiertos conocidos como ‘Carlos’ y ‘René’, con el objetivo que se archive la investigación fiscal seguida a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte por este caso.
Eesaltó que dicho abogado ofreció a estos policías ascensos y protección en la función que desempeñaba utilizando la «investidura presidencial»a cambio de neutralizar esta investigación; pero, al no haberse logrado este objetivo, se tomaron represalias como la desactivación del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder Eficcop), el inicio de procedimiento disciplinarios a estos policías, así como la amenaza de pases al retiro a fin de año.
Igualmente, el magistrado también tomó en cuenta la declaración de Francisco Iván Siucho Neira, en la que reveló que fue presionado por Mateo Castañeda para que firme un recibido para darle legalidad a la suma de 15 mil soles que se halló en su oficina cuando fue allanada el último 11 de mayo. Esto al aprovechar que era su abogado en un caso que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.
El juez Richard Concepción Carhuancho también determinó que, si bien Mateo Castañeda tiene arraigo domiciliario y familiar, no se avala que tenga arraigo laboral, ya que se valió de su condición de abogado para realizar ofrecimientos indebidos de parte de la investidura presidencial.
