MIEMBROS DE LA JNJ PIDEN QUE SE ARCHIVE ACUSACIÓN EN SU CONTRA
Durante su presentación ante el pleno del Congreso para ejercer su derecho a la defensa respecto a la denuncia constitucional que plantea destituirlos e inhabilitarlos en el ejercicio de la función pública por diez años; los miembros de la Junta Nacional de Justicia rechazaron los cargos planteados en su contra y demandaron que el respectivo informe final que los sanciona no sea aprobado.
Al respecto, Imelda Tumialán Pinto, negó haber incurrido en infracción constitucional debido a la resolución que emitió junto con los otros integrantes de la JNJ (en el año 2020) y por la cual se permitió la permanencia de Inés Tello de Ñecco en dicho organismo, pese a que ya había cumplido la edad límite para ejercer el cargo.
Al respecto, dijo que la JNJ hizo una interpretación jurídica de los artículos 155 y 156 literal c) de la Constitución, y por la cual se establece que el mandato de los miembros titulares de la entidad es de cinco años, periodo que en su opinión «no puede ser limitado o interrumpido sin causal expresa».
A su turno, Samuel Abad consideró que el Congreso no puede realizar control político ante una discrepancia interpretativa, esto en referencia a la edad límite de los integrantes de la JNJ. “La Constitución se lee en su conjunto. Si uno lee el artículo 156 c), que habla de la edad, con el artículo 155, que habla del periodo de la duración, llega a la conclusión que si alguien es elegido a los 74 años, tiene un mandato de 5 años, porque así lo ordena el artículo 155”, precisó.
Consideró además que de ser destituidos los integrantes de la Junta, se afectaría el quórum de cinco miembros sin el cual dicha institución no podría cumplir sus funciones constitucionales, lo que afecta procesos de ratificación y nombramiento de jueces y fiscales, entre otros.
Antonio De La Haza advirtió que no es posible sostener que ellos hayan realizado una interpretación arbitraria o antojadiza sobre el tema del límite de edad, sino que esta ha sido realmente meditada y con base en el ordenamiento jurídico.
«La mera discrepancia de criterio interpretativo no puede redundar en una supuesta infracción constitucional», indicó.
Aldo Vásquez, vicepresidente de la JNJ, indicó que los miembros de la entidad ya formularon un amplio descargo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y prácticamente ninguno se aborda en el informe que hoy se somete a debate; y demandó al Parlamento “no contribuir al socavamiento de la democracia”.
Henry Ávila indicó, por su parte, que “una discrepancia interpretativa no es una razón suficiente para sostener una acusación y menos aún proponer una sanción de tanta relevancia e impacto no solo en lo institucional, sino también los derechos fundamentales”.
Tras los alegatos de defensa de los integrantes de la JNJ se procedió a suspender la sesión plenaria hasta las 15:00 horas en donde se procederá a debatir y someter a votación el informe acusatorio.