nos encontramos acosados por gobernantes y políticos del bloque del socialismo del siglo XXI, que presionan para que el golpista y corrupto Pedro Castillo retorne al poder.
Los peruanos estamos bajo ataque no solo de vándalos y subversivos que destruyen aeropuertos, bloquean carreteras e incendian locales, extorsionan y cobran cupos a los choferes para que puedan circular, violencia que ha provocado 58 muertos y centenares de heridos, además de daños materiales por 3 mil millones de soles y miles de puestos de trabajo perdidos, sino también, en el frente externo, nos encontramos acosados por gobernantes y políticos del bloque del socialismo del siglo XXI, que presionan para que el golpista y corrupto Pedro Castillo retorne al poder.
Existe, sin duda, una siniestra concertación internacional para proyectar la falsa narrativa de lo que sucede en el país y azuzar a la población que se nutre de esos mensajes apocalípticos.
Lo demostraron desde el primer día del cambio de régimen, esparciendo la versión de que el Congreso vacó inconstitucionalmente al político chotano, presionado por los ricos y por el imperialismo estadounidense, por ser un maestro pobre de la serranía que estaba afectando los intereses económicos de grandes empresarios nacionales y extranjeros.
Recientemente, en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) arreció la ofensiva. El estrafalario presidente mexicano López Obrador sostuvo que es “una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo”, para luego demandar que “el Poder Judicial lo libere porque está injustamente encarcelado”.
De esa manera Lopez Obrador pretende maquillarse como protector de los indígenas del hemisferio y ocultar el desastre de su administración, que tiene el triste récord de haber aumentado la pobreza en seis millones de personas (CELAC), que 35% de su territorio se encuentre en poder del narcotráfico, que 140 mil mexicanos hayan sido asesinados y que existan numerosas denuncias de corrupción contra su entorno familiar.
Luis Arce, melifluo presidente de Bolivia, caja de resonancia del agitador cocalero Evo Morales, líder del partido de Gobierno, el MAS, manifestó que “el Perú lucha por recuperar su democracia y por su derecho a elegir un gobernante que los represente”.
El objetivo de Arce es alentar la creación de una República Independiente del Sur, integrada por poblaciones aymaras chilenas, bolivianas y peruanas. Así-piensa- podrán tener salida al mar y apropiarse de nuestros recursos naturales, como el cobre y el litio.
Gabriel Boric, bipolar jefe de Estado de Chile, dijo el disparate de que “personas que salen a marchar por lo que consideran justo terminan baleadas”, agregando, en relación con la intervención policial en la Universidad de San Marcos, que se está aplicando métodos que recuerdan las dictaduras del cono sur.
De esa forma afectó irresponsablemente la relación diplomática con nuestro país, obviando, además, que él es un engendro de la violencia que casi destruye su patria, que culminó en un mamaracho de Asamblea Constituyente consagrando el Estado Plurinacional – idea de Evo Morales – y que terminó arrojado al traste de basura.
Gustavo Petro, de Colombia, ex guerrillero del M-19, expresó que “no entiendo cómo puede haber un presidente preso sin que haya sentencia judicial en su contra, que haya perdido sus funciones constitucionales que adquirió a través del voto popular”.
Claro que Petro si entiende bien que ocurre en el Perú. ¿Saben por qué? Porque alentó la violencia que sacudió Colombia el 2020 y tuvo como protagonistas principales a los llamados “jóvenes de la primera linea”, su brigada política, causante de violentos disturbios, bloqueo de carreteras, ataques a la policía y de 75 muertos. El ex M-19, por ello, se identifica con los subversivos peruanos, al mismo tiempo que presiona a los magistrados para liberar de la cárcel a sus brigadistas.
Por su parte, la patosa mandataria hondureña, Xiomara Castro, ha condenado “el golpe de Estado en el Perú y la agresión a que está sometido el pueblo peruano”, exigiendo “la inmediata liberación de Castillo”. El mensaje de la señora Castro es coherente con su admiración por Fidel Castro, Hugo Chávez, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y otros sátrapas de la región.
Esa prédica maligna de los mandatarios injerencistas la refuerza congresistas radicales, como Pasión Dávila, que viajó a la Argentina para participar en la Cumbre Social de CELAC, donde expresó que “la vacancia –de Castillo– fue una componenda entre el Poder Judicial, los congresistas y las Fuerzas Armadas, que lo derrocaron sin tener los votos necesarios”, ocultando que fueron 102 legisladores que votaron a favor del relevo por golpista y por corrupto.
En ese contexto hizo bien la presidenta Boluarte, en su exposición virtual al Consejo Permanente de la OEA, al rechazar los infundios de otros mandatarios, pero soslayó destacar que éstos no pueden calificar de “manifestantes” a turbas subversivas que incendiaron 13 comisarías, destruyeron 19 ambulancias, quemaron 14 locales del Ministerio Público y el Poder Judicial, atacaron cinco aeropuertos, un delito calificado por el Protocolo de Naciones Unidas como terrorismo.
Los delincuentes extremistas, además, desde hace tres semanas bloquean las carreteras, desabasteciendo de alimentos, medicinas, gas y petróleo a gran parte del país, causando la muerte de numerosas personas, entre ellos niños y recién nacidos que no pudieron ser hospitalizados.
La democracia está acosada interna y externamente. Para arrostrar esta embestida el Gobierno debe designar misiones informativas a diversos países del hemisferio, como México, Bolivia, Argentina y Colombia, para destruir la falaz narrativa de sus mandatarios, tarea que debe estar a cargo de diplomáticos, congresistas, políticos y expertos en comunicaciones, una estrategia que debió ponerse en marcha desde el 7 de diciembre, fecha que asumió la presidencia la señora Boluarte. No se hizo y estamos pagando las consecuencias. Debemos, por tanto, recuperar el tiempo perdido, porque la agresión injerencista continuará.
