OFENSIVA TOTAL CONTRA LA MINERÍA ILEGAL EN EL CORREDOR VIAL SUR

El último fin de semana el Estado y el Ejecutivo lanzaron una ofensiva a gran escala en contra de la minería ilegal en el corredor vial del sur, desarrollando interdicciones y destruyendo equipos e infraestructura de quienes violan los derechos de propiedad de las concesiones de la minería moderna y formal. De esta manera, en el Estado se parece comprender que no se puede permanecer indolentes frente a la minería ilegal –que no paga impuestos, destruye el medio ambiente y no crea empleo formal– y que no se puede dejar sin protección legal y constitucional a la minería moderna que contribuye al fisco, genera empleo formal y desarrolla los más altos estándares medioambientales.

PNP y Fiscalía desarrollan interdicciones y destruyen equipos ilegales

En ese contexto, efectivos de la Dirección de Medio Ambiente de la policía nacional (PNP), con el apoyo de la División de Seguridad Contraminas de la PNP, la Dirección de Operaciones Especiales de la PNP y representantes del Ministerio Público, ejecutaron una de las mayores interdicciones que se conoce en contra de la minería ilegal en el distrito de Tambobamba (provincia de Cotabambas, en Apurímac). Se destruyeron dos campamentos precarios construidos con maderas y calaminas y un socavón con acceso a una bocamina de 400 metros de profundidad. También se halló maquinaria y equipos para la industria minera. El monto de las incautaciones suma aproximadamente S/ 2.5 millones. Por disposición de la Fiscalía de Medio Ambiente, los efectivos de la Dirección de Seguridad Contraminas de la PNP procedieron a destruir todo lo incautado.

Unas horas antes, igualmente, la PNP procedió a cumplir un mandato judicial que ordenaba el desalojo de los mineros ilegales que habían invadido el tajo Chalcobamba, de la empresa Las Bambas, en el sector Salawi. Sin embargo, sectores de mineros ilegales azuzaron a los pobladores de la comunidad de Pumamarca para atacar a los policías y desatar violencia en contra de algunas unidades de la minera Las Bambas. Más tarde, esos mismos mineros desarrollaron una campaña de mentiras y montajes de fotografías, señalando que ellos habían sido los agredidos.

Asimismo, unas semanas antes, en el puente Challhuahuacho, la PNP intervino e incautó un camión lleno de explosivos destinados para la minería ilegal. Antes de esos hechos, la Dirección de Medio Ambiente de la PNP arrestó a cuatro mineros ilegales que transportaban 60 toneladas de cobre puro valorizados en S/ 3 millones.

Parece evidente, pues, que el Ejecutivo y el Estado comienzan a reaccionar contra la minería ilegal que avanza silenciosamente, aliada con el crimen organizado, creando zonas liberadas de la autoridad de la Constitución y las leyes nacionales. En la provincia de Pataz, en La Libertad, por ejemplo, la alianza de los mineros ilegales con bandas internacionales ha dejado un saldo de 17 trabajadores muertos, 23 heridos y 15 torres de alta tensión derribadas. Asimismo, en los últimos seis meses se han contabilizado 3,417 volquetes cargados de mineral que no pertenecen a Minera Poderosa, a Aurífera Retama ni a Horizonte, las únicas compañías en la zona que pagan impuestos, crean empleo formal y mantienen los más altos estándares ambientales.

La decisión del Estado de enfrentar a la minería ilegal en el corredor vial del sur, entonces, es de vida o muerte para el futuro de la minería moderna. El avance de la minería ilegal parece ser el resultado inevitable de dos décadas de agitación antiminera de las izquierdas progresistas y comunistas, que terminaron bloqueando la mayor parte de nuestra cartera de inversiones mineras. Si la minería moderna no avanza es inevitable que emerja la minería ilegal para convertir al Perú en un Lejano Oeste.

TOMADO DE: EL MONTONERO