La democracia venezolana, pues, debe enfrentar a una mafia con tentáculos en todo el mundo.
Diosdado Cabello, número dos del régimen venezolano, es un siniestro personaje que controla la Policía, el Servicio de Inteligencia Bolivariano y las Fuerzas Armadas.
Con el rango de teniente, secundó al comandante Chávez en el fallido golpe contra el presidente Carlos Andrés Pérez, por lo cual estuvo dos años encarcelado y después fue indultado por el mandatario socialcristiano Rafael Caldera, que así benefició a todos los golpistas, abriéndoles el camino al poder.
Durante el régimen de Chávez, fue director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ministro de la Presidencia, ministro de Infraestructura y vicepresidente de la República.
Más adelante, ocupó los cargos de ministro del Interior y de Obras Públicas, gobernador del Estado Miranda y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
Y, hace dos semanas, Maduro lo designó nuevamente ministro del Interior.
Hacemos referencia a este torvo personaje porque es quien impulsa la llamada “Operación Tun Tun”,puesta en marcha después de los comicios del 28 de julio.
El diario argentino Clarín explica que esa denominación hace referencia “al sonido de la puerta al ser tocada, provocando pánico entre los moradores”, agregando que “es un método de represión que consiste en reventarles las puertas a los opositores para llevarlos presos, sin orden judicial. Esto generó un clima de terror generalizado en la población, según resumen los expertos de la Misión de Determinación de la ONU que investiga las violaciones masivas a los DD. HH.”.
Asimismo, Clarín narra que “después de la noche del 28 de julio, en casi toda Venezuela, grupos de opositores salieron a manifestar espontáneamente en contra de los resultados oficiales que daban por ganador a Nicolás Maduro para el período 2025-2031. La mayoría partieron de villas miserias de las grandes ciudades, antiguos bastiones del chavismo (entre ellos, el barrio 23 de enero), donde viven los más afectados por la larga crisis económica. Algunas protestas acabaron en choques con la policía, que los reprimió a sangre y fuego. En las calles quedaron 25 personas asesinadas a balazos. Hubo docenas de heridos y centenares de detenidos. También quedó la herencia de miedo y terrorismo de Estado que se apodera de los opositores”.
Uno de los sectores afectados con esta modalidad represiva son los llamados “comanditos”, constituidos por 60 mil jóvenes organizados por la lideresa María Corina Machado, que cumplieron la misión de estar presentes antes, durante y después de las elecciones, retirando una copia de las actas de las mesas de sufragio para entregarlas a la central acopiadora y publicarlas en una página web tras haber digitalizado el 83.5% del resultado.
Por ello, al final de la jornada, la plataforma democrática pudo anunciar que el dictador Maduro había perdido los comicios. El pomposamente denominado Consejo Nacional Electoral no se atrevió (ni se atreve) a mostrar las actas porque, de hacerlo, serían cotejadas con los documentos archivados por los “comanditos” y quedaría acreditado el descomunal fraude que cometieron, repudiado por la comunidad internacional, a excepción de sus aliados políticos: Cuba, Nicaragua, México, Bolivia, Rusia, China, Irán y Corea del Norte.
En ese enturbiado contexto, integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se desplazaron a las viviendas de los “comanditos” para marcar con una X negra en la fachada, aplicando un método similar al usado por la Gestapo nazi para identificar a familias judías, a quienes después asesinaban.
A pesar de las denuncias de fiscales de la Corte Penal Internacional, del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, de la OEA, la Unión Europea y del Centro Carter, Maduro persiste en proclamarse vencedor y a quienes no aceptan su versión los arresta.
Para mantenerse en el poder cuenta con una maquinaria represiva liderada por Diosdado Cabello, a quien la Corte de Nueva York acusa de pertenecer a la banda de narcotraficantes “El Cartel de los Soles”, y la DEA ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por su captura.
La democracia venezolana, pues, debe enfrentar a una mafia con tentáculos en todo el mundo.
