OPINIÓN/ «4 firmas»

Escribe: Francisco Diez-Canseco Távara (*)

 

El país exige elecciones libres, auténticas y transparentes. La función del JNE no es inventar reglas ni suplantar al RENIEC, sino garantizar que el proceso electoral

 

El reciente anuncio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de que pretendía anular el registro de Perú Acción por haber detectado cuatro supuestas firmas falsas en una fiscalización posterior, constituye un acto arbitrario, ilegal y profundamente atentatorio contra la seguridad jurídica y la democracia en el Perú.

El orden constitucional es claro: el RENIEC es el único organismo del Estado legalmente facultado para verificar, autenticar y certificar las firmas de adherentes presentadas para la inscripción de los partidos políticos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Esa competencia exclusiva está expresamente reconocida en la ley. Pretender que el JNE, órgano jurisdiccional electoral, se erija en juez y parte de un procedimiento que no le corresponde equivale a inventar un mecanismo ad hoc para despojar de sus derechos a una organización política ya inscrita conforme a ley.

Todo indica que el Presidente del JNE fue tomado por sorpresa por un grupo caviar que pergeñó esta maniobra de “fiscalización posterior” al margen de la ley. Felizmente, luego se produjo una saludable rectificación: se reconoció que no podían adoptar tal medida porque sería ilegal, dado que el ROP está cerrado durante el proceso electoral y ningún cambio puede efectuarse en esa etapa.

Más aún, resulta grotesco que se intentara justificar semejante atropello sobre la base de cuatro firmas entre decenas de miles de rúbricas que sustentaron la inscripción de Perú Acción. Con ese criterio, ningún partido sobreviviría a una fiscalización posterior manipulada a conveniencia, pues siempre podrían encontrarse incidencias marginales para fabricar un motivo de anulación.

Lo que también sería abusivo, ilegal y ridículo es que el JNE pretendiera abrir una acción de lesividad o formular una denuncia ante la Fiscalía. Ninguna de esas vías procede, pues se trataría de actos manifiestamente contrarios a la Constitución y a la ley, además de evidenciar una persecución política disfrazada de legalidad.

La gravedad del asunto no puede ser minimizada. Si se permite que el JNE imponga procedimientos inventados, mañana cualquier partido incómodo para el poder de turno podría ser sacado del camino electoral con el pretexto de unas cuantas firmas cuestionadas. Eso no es democracia, es fraude institucional.

El país exige elecciones libres, auténticas y transparentes. La función del JNE no es inventar reglas ni suplantar al RENIEC, sino garantizar que el proceso electoral se desarrolle conforme a la Constitución. Cualquier desviación en ese sentido erosiona la legitimidad de nuestra democracia.

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(*) Presidente de Perú Acción
    Presidente del Consejo por la Paz

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