OPINIÓN/ ¡A defender la Constitución de 1993 con uñas y dientes!

(El Montonero).- La Sala Civil de la Corte Suprema acaba de confirmar en todos sus extremos una sentencia de primera instancia que ordena la disolución del partido político de Antauro Humala y el cierre de todos sus locales a nivel nacional por contravenir el orden democrático y los principios constitucionales. Una sentencia histórica que debe iniciar una reflexión sobre cómo se defienden los Estados de derecho, los sistemas republicanos o, simplemente, las democracias.

Histórica decisión de la Corte Suprema sobre partido de Antauro Humala

Las repúblicas modernas –a diferencia de las de las épocas clásica y antigua–, en la medida que adoptan el principio de la soberanía popular, se vuelven esclavas de las mayorías en la elección de los ejecutivos y los legislativos. Como las repúblicas son imperfectas y son gobernadas por hombres falibles, suelen acumular yerros que desatan la oposición de las mayorías. En ese contexto puede surgir el demagogo o el populista –que, incluso, fueron analizados por Platón y Aristóteles– que radicaliza la demanda de los ciudadanos y termina destruyendo el sistema republicano. Desde Julio César hasta Mussolini, pasando por los colectivismos del bolchevismo o del nazismo, hasta Fidel Castro y Hugo Chávez, los demagogos han sepultado a las democracias y han inaugurado totalitarismos sangrientos que han durado décadas.

Por estas razones, y también por la cultura intelectual de sus élites, las repúblicas longevas crearon sistemas institucionales para protegerse de los demagogos. Así sucede en el Reino Unido y los Estados Unidos, una monarquía y la otra república, pero ambos sistemas republicanos porque el gobierno se basa en un Estado de derecho y el contrapeso de sus instituciones.

En ese sentido debe interpretarse la decisión de la Sala Civil de la Suprema de declarar la ilegalidad del partido de Antauro Humala. Nadie tiene derecho a utilizar los procedimientos y mecanismos establecidos en la Constitución y la ley para fomentar ideales y programas que proponen sepultar esa constitucionalidad y legalidad. De lo contrario estaríamos, típicamente, ante una democracia boba.

Durante el siglo XX las izquierdas demagogas fomentaron la idea acerca de que el ejercicio de la libertad era absoluto –al igual que el programa de la igualdad absoluta del comunismo– en todas las esferas de la política y la sociedad y, de una u otra manera, ganaron los sentidos comunes de las sociedades occidentales. De esta manera corrientes abiertamente totalitarias y antidemocráticas como el bolchevismo y el nazismo llegaron al poder utilizando los mecanismos constitucionales. Si bien luego de la Segunda Guerra Mundial y después del horror del campo de concentración nazi estas tendencias entraron en retroceso, de una u otra manera, siguieron imperando en Europa e Hispanoamérica.

En este contexto y luego de la histórica sentencia de la Corte Suprema vale preguntarse cómo seguimos defendiendo la democracia de los demagogos. Por ejemplo, ¿es correcto permitir que un partido utilice la Constitución y la ley para presentarse a unas elecciones y ganar el poder con el objeto de enterrar la Constitución a través de una asamblea constituyente? Algo así sería impensable en los Estados Unidos y el Reino Unido.

Aquí nadie se opone a la reforma total o parcial de la Constitución. Algo así no está en debate. La discusión está en cómo se reforma la Constitución. Los sectores demagogos y las corrientes totalitarias apuestan por las mayorías circunstanciales para instalar una constituyente que concentre todo el poder repartido entre las instituciones del Estado de derecho. Por ese motivo no pueden aceptar los procedimientos constitucionales de la propia Constitución que utilizan para llegar al poder porque, en el fondo, están desarrollando un golpe de masas para quebrar la constitucionalidad y el Estado de derecho.

Un sistema republicano siempre cuenta con mecanismos para la reforma total o parcial de la Constitución. Pero esos mecanismos tienen que garantizar que nadie concentre el poder repartido en las instituciones. ¿Por qué? Un demagogo en una democracia imperfecta como la nuestra podría proponer un sueldo mínimo vital de US$ 5,000 –colapsaría la economía–; pero en medio de una crisis, ese demagogo podría manipular a la mayoría de la población, instalar una constituyente y quedarse en el poder por décadas.

En todo caso, es una excelente decisión del Poder Judicial. Y que se inicie el debate.