OPINIÓN/ Acabar con el ogro filantrópico, enemigo del modelo

(El Montonero).- El gobierno central, los gobiernos regionales, los municipios y las empresas públicas consumen alrededor de un tercio del PBI, que suma US$ 260,000 millones (considerando la inflación estadounidense), un gasto que es insostenible e inmanejable para una economía de ingreso medio como la del Perú. De alguna manera, considerando los 19 ministerios y los niveles de gasto, no es exagerado sostener que en el país ha surgido “un estado de bienestar” sobre una sociedad en el que cada uno de tres peruanos debe ser considerado pobre.

Nivel de gasto es insostenible para una economía de ingreso medio

Algo más. El nivel de gasto del Estado está vinculado a la sobrerregulación de los procedimientos y a la multiplicación de oficinas, ministerios y aduanas, que han convertido al sistema estatal peruano en uno de los más burocráticos de la región. Hoy el Estado peruano bloquea inversiones e iniciativas del sector privado y de la sociedad y se ha convertido en la principal fuente de pobreza e informalidad.

Asimismo, el nivel de gasto del Estado y la burocratización imposibilita el desarrollo de casi todas las reformas de segunda generación que se requieren para relanzar el crecimiento y el desarrollo del Perú. Por ejemplo, es imposible imaginar una reforma tributaria, una reforma laboral, reformas de la educación y del sistema de salud y el relanzamiento de inversiones en infraestructuras con el tipo de Estado burocrático que ha surgido.

Otro de los factores que convierten al Estado en una verdadera rémora para la sociedad y los ciudadanos es el actual proceso de descentralización. El 60% de los gastos de inversión en obras se hace a través de los gobiernos subnacionales; sin embargo, en las regiones más pobres no hay ningún avance en el déficit de agua y alcantarillado.

Según el Plan Nacional de Competitividad del 2019 las brechas en infraestructuras básicas sumaban S/ 117,000 millones; pero entre el 2019 y el 2023 se gastaron S/. 195,000 millones. No obstante, el déficit de agua potable se incrementó en 1%, en desagüe 0.5%, el 85% de la red vial no está pavimentada, el 96% de los centros educativos y el 97% de los centros de salud de atención primaria, están en situación de precariedad.

El fracaso de un Estado que consume alrededor de un tercio del PBI y que está lleno de sobrerregulaciones y burócratas, pues, salta por todos lados. Y si le agregamos el fracaso estatal en la contención de la ola criminal en el país y la crisis del sistema de justicia no es exagerado sostener que estamos ante la posibilidad de desbarrancarnos otra vez en la experiencia de un Estado fallido, tal como sucedió en los ochenta.

Por todas estas consideraciones, el fin del Estado burocrático, el fin del ogro filantrópico del que solía hablar Octavio Paz, debe estar en el primer lugar de la agenda de las elecciones del 2026.

El Perú necesita eliminar por lo menos la mitad de los ministerios creados bajo el relato progresista para financiar sinecuras y estrategias políticas. El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, entre otros, pueden ser cerrados y convertirse en direcciones de cualquier despacho.

Igualmente se deben simplificar todos los procedimientos del Estado, creándose ventanillas únicas con el objeto de desarrollar una poda general de burocracia. También se debe proceder a digitalizar todas las instituciones del Estado para desarrollar el principio de cero papel a través de la interconexión de todas las instituciones estatales mediante la compra de un satélite de comunicaciones (hoy el Perú solo tiene uno de fotografías).

Con el fin del Estado burocrático se debe reformar la fracasada descentralización y racionalizar el gasto que hoy se pierde en corrupción en los allegados de algunos gobiernos subnacionales.

En cualquier caso, en las elecciones del 2026 se debe reconocer el invalorable aporte del sector privado a la sociedad. Y se debe poner en el banquillo de los acusados al Estado, repleto de dinero, pero incapaz de construir puentes ni sistemas de agua y desagüe para los sectores más excluidos del país.