OPINIÓN/ Alan y la conspiración del silencio
Escribe: Luis Gonzales Posada
Se cumplen seis años y cuatro meses del fallecimiento del presidente Alan García y no debe existir duda de que el líder aprista fue víctima de una tortuosa conspiración para arrestarlo y vejarlo.
Pruebas hay, en abundancia; sólidas y con testigos, incluyendo la declaración testimonial del abogado Jaime Villanueva, que implica en esa maniobra a los fiscales Vela Barba, JD Pérez y al IDL, incluido el infame brindis festejando su muerte.
Pero lo que no existe es la voluntad de jueces, fiscales y parlamentarios para investigar este dramático episodio de nuestra vida republicana.
La mañana que el fiscal J D Pérez envió a su adjunto, Henry Amenábar, a entregar en su domicilio una cédula de notificación disponiendo su arresto, lo hizo en compañía de periodistas del Canal N, medio entonces dirigido por la colombiana izquierdista Clara Elvira Ospina.
Sus camarógrafos estaban en la puerta de la casa, al acecho, listos para filmar la degradante escena de un jefe de Estado enmarrocado y casaca con la palabra DETENIDO, una escena que sin duda hubiera sido proyectada en todo el mundo.
La primera pregunta que hacemos, entonces, es ¿por qué el representante de la fiscalía asistió acompañado de periodistas a una diligencia reservada y quién informó a ese medio de prensa la fecha y hora del allanamiento?
Hasta hoy la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia no han cumplido su responsabilidad funcional – y ética – de abrir una carpeta de investigación sobre ese escabroso episodio; por tanto, sus magistrados podrían caer en la categoría de cómplices por encubrir un delito.
Más aún, tampoco han indagado cómo se enteró la periodista Rosa María Palacios sobre la diligencia, porque a las seis de la mañana lanzó un tuit anunciando la detención, mensaje que retiró minutos después al conocer la muerte del mandatario, hacia quien tenían conocida malquerencia
Su escabrosa y patética excusa fue poner otro tuit diciendo: “sólo quería ver cómo se ve escrito la detención de Alan García”; la periodista aludida debe pensar que los peruanos somos mononeuronales para digerir ese siniestro y torpe argumento
Tampoco se ha investigado por qué el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena accedió al pedido de J. D. Pérez para variar la orden de comparecencia por detención, cuándo no existía ningún elemento adicional que justifique el cambio.
No menos grave fue, asimismo, la participación de la DIVIAC, entonces dirigida por el coronel Harvey Colchado, de cuyas truculentas y ruidosas intervenciones está informado el país, incluyendo una investigación abierta en su contra sobre el uso de 42 millones de soles.
¿Por qué intervino la DIVIAC, cuando el artículo 286 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece, con toda claridad, que esa actuación corresponde a la Policía Judicial, órgano especializado de la PNP?.
Recordemos, además, que camionetas de la DIVIAC rondaban la casa del presidente García e, inclusive, militantes del Apra inmovilizaron uno de esos vehículos sospechoso de transportar un sofisticado equipo de interceptación telefónica. El ministro del Interior de entonces, general Carlos Morán, esforzado vizcarrista, afirmó muy orondo que esos equipos eran para transmitir imágenes en tiempo real, pero no explicó por qué un maletín fue sustraído a hurtadilla de la camioneta y trasladado apresuradamente a otro vehículo con fuerte custodia policial.
Más aún, el entonces presidente Martín Vizcarra, hoy procesado por corrupto, convocó a una reunión del Consejo de Ministros a las seis o siete de la mañana, hora inusual, que sustenta las versiones de que el propósito de la madrugadora reunión era observar, en vivo y en directo, la detención de Alan García.
Ahora, sin embargo, existe otra conspiración: la del silencio.