OPINIÓN/ ¿Alerta roja?
Escribe: César Gallo Lale
Teniente General FAP
lo que no existe, y resulta incierto, es una forma segura y legal de llevar a cabo elecciones seguras e imparciales dentro de tres meses en el país, frente a tanto caos y desorden en la seguridad a nivel nacional
Pareciera que los rojos y caviares, además de algunos candidatos de derecha y centroderecha, como López Aliaga y otros, quisieran que Jeri salga a toda costa de la Presidencia de la República. ¿Cuál sería el objetivo?
Y es que no solo resulta reprochable e inapropiada la conducta de José Jerí y la relación ya conocida con los empresarios chinos Yang Zhihua y Yi Wu Xiadong, este último incluso con arresto domiciliario, todos ellos con un pasado vinculado a Pedro Castillo, Dina Boluarte y su hermano Nicanor Boluarte, y con una serie de delitos cometidos e incumplimientos de contrato, además del comercio ilícito de compra de oro informal y tráfico de madera, entre otros.
Es decir, la minería ilegal y el crimen organizado, en todo orden, están desbordados en el Perú, sin mencionar el impacto ambiental concreto por contaminación por mercurio en ríos amazónicos o deforestación equivalente a cientos de miles de canchas de fútbol
Por eso, lo que no existe, y resulta incierto, es una forma segura y legal de llevar a cabo elecciones seguras e imparciales dentro de tres meses en el país, frente a tanto caos y desorden en la seguridad a nivel nacional (extorsión, sicariato, asesinatos, robos y todo tipo de crimen por doquier, sin contar con la expansión del Tren de Aragua y otras bandas transnacionales como factor agravante del crimen organizado), sin una justicia eficaz ni una acción clara del Ejecutivo que, al menos, dé esperanza de que algo bueno se está haciendo para controlar este desastre
¿Qué podría lograr un presidente nuevo en tres meses? ¡Nada!, salvo dar directivas exclusivas y especiales para controlar las elecciones, que no creemos que lo haga. ¡No tendría entonces sentido lógico un cambio de mandatario!
Necesitamos con urgencia que el nuevo gobierno que asuma el 28 de julio impulse reformas profundas en todos los ámbitos, empezando por aquellas que otorguen seguridad plena y ayuden a corregir los problemas estructurales que afectan al país: el trabajo informal, con un ratio cercano al 80%; la salud; la educación; la pobreza en general; y la economía, afectada por una minería y tala informales que dañan su base de crecimiento, así como la falta de nuevas inversiones, tanto nacionales como internacionales.
La eliminación de la inseguridad física y jurídica es esencial y necesaria, ya que existe un fuerte enfrentamiento entre los partidos de derecha y centroderecha contra la izquierda radical y el populismo, que aprovechan las necesidades del pueblo para captarlos y ofrecerles lo que el Estado no les da. Ahí está el meollo de la situación: por quién decidirán su voto el 45 % de los electores que, hasta ahora, no han decidido por quién votar.
A ellos no les interesa si existe o no un plan de desarrollo integral bien estructurado; les interesa la supervivencia. Si no se dan cuenta de esto, se vienen problemas graves para el futuro del Perú, que requiere priorizar urgentemente, como el control territorial y formalización real (por ejemplo, cerrar Reinfo definitivamente) como condición “sine qua non” para promover y atraer inversión minera legítima.
Los retos que se le vienen al continente americano, son críticos en cuanto a las relaciones con las grandes potencias ya posicionadas para defender sus intereses e inversiones. Sudamérica es una pieza central y ha dejado de ser un actor marginal, en especial el Perú. Estados Unidos necesita diversificar sus suministros para no depender de China; China necesita asegurar flujos constantes para sostener su aparato industrial y tecnológico; y muchos otros países buscan evitar el error de llegar tarde a la carrera de los insumos críticos.
En resumen, todos compiten, negocian y se presionan entre sí para ganar supremacía, liderazgo y control sobre los países emergentes que poseen productos clave, en minerales, agricultura, riqueza del mar, infraestructura, ubicación geográfica y estabilidad política y judicial.
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