OPINIÓN/ ¡Basta! El Ejecutivo debe reglamentar la ley de oenegés

(El Montonero) La ley que incrementa el control de la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI) sobre los recursos del extranjero que reciben las oenegés, luego de haber sido promulgada varias semanas atrás, hasta hoy no ha sido reglamentada por el poder Ejecutivo y APCI. Como suele suceder en el Perú, algunas leyes que han sido promulgadas de manera polémica no se reglamentan y, en la práctica, se produce la derogatoria de las señaladas normas. ¿Acaso se pretende derogar la nueva ley de las oenegés? Y una información que preocupa: el Poder Judicial acaba de admitir una acción de amparo en contra de la señalada norma, y en la información distribuida a los medios de parte de la entidad judicial se habla de “Ley anti ONG”.

Sin la reglamentación la norma deja de existir en la práctica

La necesidad de reglamentar los recursos externos que se destinan a las oenegés es un asunto de soberanía nacional y tiene que ver directamente con el desarrollo nacional, con la construcción del Perú y de la peruanidad. ¿Por qué? Porque en las últimas tres décadas el régimen sin control de las oenegés, por ejemplo, posibilitó que todos los competidores externos del Perú en la producción de cobre, en agroexportaciones y en pesca se dieran maña, como se dice, para ver mecanismos de financiamiento de las oenegés nacionales con el objeto de detener la producción nacional.

De esta manera, por ejemplo, la paralización de una mina de cobre peruana –en base a leyendas y mentiras sin nombre– significaba que el precio de la libra de cobre se mantuviera unos centavitos arriba en las bolsas del mundo con ganancias enormes para los especuladores.

Pero las oenegés no solo tuvieron que ver con las narrativas y las campañas en contra de la inversión privada, no solo tuvieron que ver con el frenazo del milagro económico peruano, sino también con el envilecimiento del sistema político nacional: a través del Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se desarrolló la narrativa entre buenos y malos (entre antifujimoristas y fujimoristas) que destruyó el sistema político y, finalmente, llevó a elegir a Pedro Castillo.

Todas esas narrativas de destrucción nacional se financiaron con fondos extranjeros. ¿Cómo entonces el Perú se puede inhibir de supervisar y controlar la calidad y los objetivos que persiguen los fondos extranjeros que llegan para las oenegés? Imposible. Más aún cuando todas las naciones desarrolladas –incluyendo los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, entre otros– tienen legislaciones parecidas a la aprobada en el Congreso peruano, pero con sanciones más severas para los infractores.

Una de las cosas más paradójicas de los sectores progresistas que se oponen abiertamente a incrementar las funciones de control de APCI es que se trata de las mismas corrientes que han alentado la sobrerregulación y burocratización de los partidos políticos y las empresas privadas. Es decir, de los actores principales de las democracias modernas.

Para todos es conocido la infinidad de normas y la desregulación adrede –en algunos casos– que ha terminado construyendo la actual fragmentación política del país e, incluso, la restricción al financiamiento privado de los partidos (parcialmente modificada por el Legislativo). Igualmente, todos conocen el intento de ahogar tributaria y laboralmente la vida de las empresas que fomenta la extendida informalidad.

Sin embargo, los sectores progresistas, las corrientes neomarxistas, que han encontrado en las oenegés las herramientas de sus estrategias políticas de poder, exigen absoluta liberalidad. ¿Cómo se puede argumentar que se restringe la participación ciudadana en la vida pública con la norma en cuestión? El principal instrumento de participación política en una democracia moderna son los partidos políticos.

Todavía no se ha inventado un sistema alternativo de intermediación entre el Estado y los ciudadanos, más allá de la tinta desperdiciada por el progresismo sobre la llamada ciudadanía extrapartidaria. Y los partidos no solo son sobrerregulados, sino que son controlados por los electores que, incluso, deciden cancelar para siempre a una organización política.

Sin embargo, los sectores que han paralizado la minería nacional –una de esas oenegés acaba de recibir US$ 1.5 millones–, desatando el avance de la informalidad y la minería ilegal que destruye el país, no desean que el Estado ejerza control sobre los recursos que reciben del exterior. Si el Ejecutivo y el Congreso aceptan esta estratagema, entonces, habrán aceptado que en el Perú existe una oligarquía política por encima del poder soberano de los electores y la sociedad, que ejerce poder por sus contactos internacionales. Una manera directa de abolir la democracia y relativizar la soberanía nacional.