OPINIÓN: ¿CÁRCELES O DEPÓSITOS HUMANOS?

Por Luis Gonzales Posada.

Una de las causas del incremento de la inseguridad ciudadana es el déficit de 60 mil policías, pero también la deplorable situación en que se encuentran nuestros establecimientos penitenciarios: sobrepoblados, insalubres y con una elevada cantidad de reclusos no sentenciados.

En este contexto, recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA advirtió sobre el uso excesivo de las detenciones preventivas, al igual que lo hicieron los presidentes del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, quienes señalaron que esta medida debería tener un carácter estrictamente excepcional, limitado por los principios de legalidad y presunción de inocencia.

Sin embargo, estas advertencias han sido ignoradas. Los reportes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) muestran que la capacidad total de albergue es de 41,764, pero la población penitenciaria asciende a 99,697 internos; es decir, hay 59,993 personas sin alojamiento.

De este total, 62,359 son sentenciados y 37,338 procesados o imputados, muchos de los cuales podrían resultar inocentes o recibir condenas menores al tiempo de detención provisional.

Algunas cifras reflejan la magnitud del problema. El penal del Callao, con capacidad para 572 reos, alberga a 3,293; es decir, 460 % más. El pabellón de alta peligrosidad, diseñado para 100 personas, acoge a 700. Lurigancho, cuyo límite es 3,204, aloja a 9,581 (exceso de casi 200 %), y el penal Miguel Castro Castro tiene capacidad para 1,142, pero allí conviven 5,637 internos, lo que representa un hacinamiento del 370 %.

El panorama es igual o peor en otras regiones del país: Arequipa presenta una sobrepoblación del 262 %; Camaná, 486 %; Tacna, 382 %; Chanchamayo, 515 %; Ayacucho, 310 %; Pucallpa, 376 %; y Quillabamba, 505 %.

Estas cifras evidencian la urgente necesidad de construir nuevos penales para unas 60 mil personas. Los actuales son verdaderos depósitos humanos donde conviven peligrosos criminales con reos primarios, 2,200 internos encarcelados por deudas alimentarias y 877 adultos mayores de 70 años que podrían cumplir arresto domiciliario.

Es indispensable edificar centros especiales para internos de alta peligrosidad —violadores de menores, sicarios, asesinos y cabecillas de bandas—, con espacios diseñados para rehabilitación mediante trabajo y educación.

No se requiere, sin embargo, reproducir el modelo autoritario de Nayib Bukele en El Salvador, donde más de 80 mil personas han sido detenidas bajo estado de excepción, sin orden judicial ni defensa legal, siendo sometidas a abusos y confinadas en celdas hacinadas.

Esta es una tarea urgente y un reto mayor para el Ejecutivo, el Congreso y las instituciones del Estado constitucional de derecho.

Por lo pronto, el Ministerio de Justicia ha anunciado el programa “Libertad 2025”, que prevé liberar a seis mil reclusos. Se trata de una medida positiva que debe implementarse de inmediato, bajo responsabilidad de profesionales con experiencia, criterio y prestigio.