OPINIÓN/ Chinchero: cuando el error se paga, pero no se sanciona
Escribe: Alberto Carpio Ávila
Cnel. FAP ® Ingeniero Aeronáutico
Chinchero queda, así como advertencia. No de lo que ocurre cuando se cancela un proyecto, sino de lo que ocurre cuando nadie responde por haberlo diseñado mal y cuando el error se convierte en mecanismo de salida institucional.
El narrador que esta vez no sigue una carretera ni una tubería, sino una pista que nunca llegó a consolidarse observa que hay proyectos que fracasan no por falta de recursos ni de necesidad, sino por mal diseño protegido por el poder. El aeropuerto de Chinchero es uno de esos casos donde el daño no fue inevitable, pero la responsabilidad sí fue evitable. Y donde el error, lejos de corregirse a tiempo, fue dudosamente administrado.
Desde su origen, el proyecto estuvo cargado de simbolismo. Chinchero prometía modernidad, turismo e integración regional. Pero bajo ese relato se escondía una falla precisa y determinante: el proyecto nunca contó con una ruta de salida aeronáutica plenamente validada. No se trataba de un ajuste secundario ni de una observación menor, sino de un elemento estructural de la operación aérea: por dónde despegan y ascienden los aviones en condiciones seguras. El narrador subraya este punto porque allí comienza la cadena de decisiones que marcaría todo el proceso.
El proyecto avanzó sobre la base de propuestas preliminares de procedimientos de salida, condicionadas a estudios posteriores y sujetas a restricciones topográficas y operacionales que ninguna autoridad aeronáutica llegó a validar de manera definitiva. La obra continuó; la validación no. El sistema aceptó, así, avanzar sin certeza operativa, desplazando el problema hacia el futuro.
Aquí la concesión dejó de ser un instrumento de ejecución para convertirse en un mecanismo de postergación. Las adendas no corrigieron la falla de fondo; la desplazaron contractualmente. En lugar de suspender el proyecto hasta contar con una solución aeronáutica viable, se renegoció. La lógica original de asignación de riesgos se alteró: contingencias técnicas y financieras pasaron progresivamente al Estado, mientras el concesionario preservaba expectativas de retorno. El contrato dejó de disciplinar el error y pasó a amortiguarlo.
El narrador advierte que este desplazamiento no fue producto de un accidente técnico. Fue una decisión política y administrativa consciente. El diseño contractual permitió que un error estructural, una vez identificado, no fuera corregido, sino gestionado dudosamente como contingencia negociable. Reconocerlo abiertamente habría implicado detener, rediseñar o asumir responsabilidades tempranas. Administrarlo permitía ganar tiempo.
Cuando la renegociación se volvió jurídicamente insostenible, la resolución del contrato llegó. Tarde. Con ruido. Con altos costos. Pero la cancelación no significó la corrección del error técnico original. Operó, más bien, como mecanismo de cierre financiero del conflicto. En ese marco, el Estado asumió una obligación económica cercana a los 90–91 millones de dólares, internalizando el costo del conflicto y evitando la judicialización del caso en el CIADI, en beneficio del concesionario Kuntur Wasi.
el Estado, expuesto; la reputación institucional, dañada
El proyecto quedó suspendido; el Estado, expuesto; la reputación institucional, dañada. El error original la ausencia de una solución aeronáutica validada no fue resuelto. Fue desplazado y, finalmente, monetizado. El sistema cerró el expediente financiero, pero dejó abierta la falla técnica y, con ella, el déficit de aprendizaje.
El narrador subraya que el daño de Chinchero no se mide solo en cifras. Se mide en credibilidad perdida. Un proyecto estratégico que avanza sin resolver su condición operativa esencial enseña que la planificación pública puede operar sin verdad técnica. Una resolución contractual que internaliza el costo del error sin consecuencias personales enseña que el sistema tolera y hasta cobija la irresponsabilidad.
Aquí aparece con claridad una lección sistémica: el error público se paga, pero no se sanciona. El costo económico lo asume el Estado; el costo político se diluye; el costo personal se oculta para aparentar que no existe. El aprendizaje institucional se bloquea porque no hay incentivo para aprender. Quien diseñó mal no enfrenta consecuencias; quien advirtió riesgos no es escuchado; quien paga no decide.
El narrador comprende que esta lógica tiene efectos acumulativos. Funcionarios aprenden a evitar decisiones definitivas; prefieren adendas a rediseños, renegociaciones a cancelaciones tempranas. El tiempo se usa como anestesia. Cuando el fracaso se vuelve inevitable, ya es demasiado tarde para minimizar el daño. El sistema, otra vez, elige postergar antes que asumir.
la confianza seguirá siendo una promesa frágil, siempre a merced de la próxima adenda.
La ausencia de procedimientos aeronáuticos validados compromete la certificación y operación segura de un aeropuerto, independientemente del avance físico de la infraestructura.