OPINIÓN/ “Cuando el Estado se avergüenza del Perú»

Escribe: Alexandre Ridoutt Agnoli

PRIVATIZACIÓN SIN IDENTIDAD NACIONAL

Escuchar los programas de entrevistas políticas donde invitan a los diferentes personajes y funcionarios de la farándula pública para analizar temas de interés nacional se ha vuelto una fuente de inspiración para expresar mis sentimientos, los que estoy seguro coinciden con el de millones de peruanos.

A 24 años de la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Perú ha pasado de soñar con ser el Centro de Conexiones (HUB) natural de Sudamérica a convertirse en un ejemplo regional de cómo no gestionar un activo estratégico. Y no por falta de oportunidades, sino por una cadena de decisiones estatales guiadas por el mercantilismo sin patria, por tecnócratas que, aunque ostentan títulos de prestigiosas universidades, carecen de todo sentido de identidad nacional.

 

El modelo perverso: a más abuso tarifario, más presupuesto regulador

Uno de los aspectos más indignantes es el Decreto Supremo que asigna el 1% de los ingresos brutos de los concesionarios al presupuesto operativo de OSITRAN. Esto significa, en la práctica, que cuanto más se perjudica al usuario con tarifas abusivas, más crece el presupuesto del ente regulador. Es decir, se institucionaliza el conflicto de interés: OSITRAN no tiene incentivos para proteger al ciudadano, sino para garantizar que el concesionario facture más.

Esto no es eficiencia ni neutralidad técnica. Es corrupción estructural legalizada.

La Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC): el asesor que no asesora, el técnico que no responde

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es, por mandato legal, el principal asesor técnico del MTC en aviación civil. Tiene la responsabilidad de velar por la seguridad operacional, la eficiencia del tránsito aéreo y la conectividad nacional e internacional. También debe evaluar toda modificación de infraestructura aeroportuaria y emitir opinión técnica sustantiva sobre su viabilidad.

Sin embargo, lejos de promover la mejora de los aeropuertos de provincia, aeródromos y pistas a lo largo y ancho del territorio para integrar los pueblos más alejados del país, promocionar e incentivar la aviación regional y general mediante propuestas de leyes para incentivar la inversión y crear nuevas rutas de vuelos inter regionales, simplemente decidió el cierre del antiguo terminal y a continuación permitió la imposición de una abusiva e injustificada Tarifa de Transferencia Nacional, sentenciado con su silencio y sumisión funcional al peruano no residente en Lima.

• ¿Emitió algún informe público justificando el cierre del terminal antiguo?

• ¿Evaluó el impacto operativo, logístico o económico de concentrar toda la operación en un solo terminal?

• ¿Se pronunció sobre el perjuicio que esta medida genera a los vuelos interregionales, la conectividad nacional, los costos de operación aérea y lo más importante el impacto económico en el pasajero?

No lo hizo. La DGAC no asesora: consiente. No regula: rubrica. Ha sido reducida a una oficina de tramitación técnica subordinada a decisiones políticas y privadas. Su inacción frente a decisiones que afectan la funcionalidad, eficiencia y equidad del sistema aéreo nacional es una forma de traición técnica al país.

Tarifa de Transferencia: ¿Recuperar el tiempo perdido cobrando lo que nadie cobra?

Mientras Santiago, Bogotá y Panamá consolidaron sus HUBS con infraestructura moderna, libre competencia y tarifas racionales, el Perú perdió dos décadas en litigios, adendas y retrasos.

Hoy, lejos de corregir el rumbo, impone una tarifa de transferencia que no existe en esos aeropuertos líderes, desincentivando conexiones y afectando la conectividad del país.

¿Ese es el modelo de Centro de Conexión (HUB) que nos han vendido?

Una tecnocracia que renunció a defender al país

La colonización mental de los funcionarios peruanos se expresa en su actuar:

• El MTC, lejos de ser promotor de competencia, es cómplice pasivo del monopolio.

• OSITRAN se limita a verificar lo mínimo del contrato, sin criterio de equidad ni interés nacional.

• La DGAC, llamada a cautelar la seguridad operacional, aprueba cambios

  funcionales sin validar los impactos operacionales. Y mientras tanto, los usuarios pagan tarifas abusivas por servicios.

¿De qué sirven tantos diplomas si los resultados siempre favorecen al privado? Tal vez la SUNEDU debería fiscalizar los contenidos académicos de las carreras de ingeniería, economía y derecho, para eliminar asignaturas no declaradas como:

• “Cómo elaborar proyectos de inversión que luzcan viables, pero favorezcan siempre al privado.

• “Cómo redactar bases de concursos para restringir la competencia”;

• “Cómo redactar cláusulas ambiguas que permitan futuras adendas”;

• “Cómo supervisar sin fiscalizar, y justificarlo con tecnicismos”.

Lo que se ha perdido no es solo tiempo. Es el rumbo del país.

El problema no es solo técnico. Es moral, estructural y político. El Estado ha sido convertido en vehículo de intereses privados, y sus funcionarios se comportan como consultores rentados con miedo de incomodar al inversionista, pero sin ningún pudor de traicionar al ciudadano.

 

“Un país no se vende en partes, se construye con principios.”