OPINIÓN/ Cuando la seguridad operacional no es una política de Estado
Escribe: Alexandre Ridoutt Agnoli
Grandes inversiones en predios, cero inversión en seguridad
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha anunciado con énfasis una ejecución presupuestal histórica de más de S/ 185 millones destinados a la adquisición y liberación de predios para la ampliación y modernización de doce aeropuertos del país. Arequipa, Tacna, Trujillo, Juliaca, Ayacucho, Jauja, Talara, Piura, Pucallpa, Tarapoto, Caballococha y Soplin Vargas forman parte de esta ambiciosa lista.
La cifra impresiona. El discurso también.
Pero la seguridad operacional no se mide en millones ejecutados, sino en riesgos críticos eliminados.
Y es precisamente ahí donde aparece una paradoja que el Estado se niega a enfrentar.
La contradicción estructural
Mientras se destinan cuantiosos recursos a liberar terrenos para futuras ampliaciones aeroportuarias, NO SE HA DESTINADO UN SOLO SOL A ERRADICAR UNO DE LOS RIESGOS OPERACIONALES MÁS GRAVES Y DOCUMENTADOS DEL PAÍS:
el botadero de basura y relleno sanitario colindante con la pista del Aeropuerto de Pisco, principal aeropuerto alterno del país y pieza clave en cualquier estrategia de aviación low cost, aviación general, de instrucción y promoción turística del sur.
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Este botadero no es nuevo.
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No es desconocido.
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No es accidental.
Lleva más de dos décadas operando en abierta contradicción con los principios básicos de seguridad aérea, atrayendo fauna, generando contaminación y exponiendo de manera permanente a las operaciones aéreas y a la salud de la población circundante.
Informes sobran, autoridad falta
MINDEF/FAP, CORPAC, ADP, operadores aéreos y técnicos del propio sistema han cursado innumerables informes alertando sobre el riesgo. Las advertencias han sido claras, reiteradas y técnicamente sustentadas. La respuesta del Estado ha sido el silencio.
Sin embargo, ni el MTC ni la DGAC han ejercido la autoridad que les corresponde para exigir al Gobierno Regional de Ica y a las municipalidades de Pisco y San Andrés la reubicación inmediata del botadero y el inicio del proceso de retiro integral del material contaminante acumulado, pese a tratarse de un riesgo crítico para la seguridad de vuelo y la salud pública.
Aquí no estamos ante un vacío normativo.
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Estamos ante un vacío de ejercicio de autoridad.
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Infraestructura sin seguridad no es modernización
El propio Estado promueve al Aeropuerto de Pisco como eje del desarrollo turístico, como aeropuerto alterno estratégico y como futura plataforma para operaciones de bajo costo. Incluso se ha anunciado su integración multimodal a través del Tren de Cercanías Lima–Ica, proyecto que conectará directamente el aeropuerto con Lima y con el sistema de transporte urbano.
Pero toda esa narrativa se derrumba frente a una realidad elemental:
no existe aeropuerto viable si la seguridad de vuelo no está garantizada.
Invertir en predios, terminales y conectividad mientras se tolera un foco permanente de riesgo crítico al costado de una pista no es planificación integral. Es gestión fragmentada que ignora deliberadamente la seguridad operacional.
Cuando el riesgo conocido se tolera, hay negligencia
En aviación, un riesgo identificado y no mitigado no es una omisión menor.
Cuando ese riesgo ha sido advertido durante años y el Estado decide no actuar, deja de ser una falla administrativa y pasa a ser negligencia institucional.
No se puede seguir alegando herencias, complejidades locales o falta de coordinación intergubernamental. La autoridad aeronáutica tiene herramientas legales, técnicas y políticas para imponer condiciones cuando la seguridad de vuelo está comprometida.
Si no se utilizan, no es por incapacidad técnica.
Es por falta de voluntad y prioridad política.
La Seguridad no se anuncia, se ejecuta
La seguridad operacional no depende de grandes anuncios ni de cifras de ejecución presupuestal celebradas en notas de prensa.
Depende de acciones concretas, muchas veces incómodas, que exigen enfrentar intereses locales, asumir costos políticos y ejercer autoridad real.
Un Estado que no es capaz de cerrar un botadero ilegal que amenaza un aeropuerto estratégico no está fortaleciendo su sistema aeronáutico. Está administrando el riesgo.
Y administrar riesgos conocidos en aviación tiene un solo desenlace posible.
Cierre incómodo
Cuando un riesgo operacional ha sido identificado, documentado y advertido durante más de veinte años, lo que persiste no es una decisión técnica: ES NEGLIGENCIA.
Invertir millones en terrenos mientras se permite que un botadero siga operando junto a una pista de aterrizaje no es modernización. ES NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL CON POTENCIAL CATASTRÓFICO.
La seguridad de los vuelos no depende de discursos, ni de planes a diez años, ni de fotografías de autoridades firmando actas.
DEPENDE DE ACTUAR ANTES, NO DESPUÉS.
Si el Estado sigue postergando la erradicación de riesgos críticos evidentes, la pregunta ya no es si ocurrirá un accidente, sino cuándo.
Y CUANDO ESO OCURRA, YA NO HABRÁ NOTA DE PRENSA QUE ALCANCE.