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OPINIÓN/ Cuando quien decidió ayer busca definir hoy los términos del debate

Escribe: Alexandre Ridoutt Agnoli

Decisiones pasadas y efectos vigentes: el costo de la falta de memoria en la política aérea peruana

El reciente artículo “NUNCA ES TARDE PARA CONECTAR LOS CIELOS DEL MUNDO”, firmado por Raúl Diez Canseco, invita a revisar el debate desde una perspectiva más amplia y con memoria institucional. No tanto por los argumentos técnicos que expone, sino por la necesidad de contextualizar las decisiones que contribuyeron a configurar las asimetrías de la política aerocomercial vigente.

Raúl Diez Canseco no fue un observador externo ni un analista académico del proceso de liberalización aerocomercial. Ejercía la Presidencia de la República el 17 de octubre de 2001, durante la ausencia del presidente Alejandro Toledo quien se encontraba en viaje oficial a Shanghái para participar en la APEC y fue uno de los responsables políticos de la firma del Decreto Supremo que otorgó a Chile derechos de quinta libertad aérea. Se trata de un acuerdo que, con el paso del tiempo, ha sido objeto de cuestionamientos por la falta de reciprocidad efectiva, la ausencia de una compensación económica y sus efectos estructurales sobre la aviación comercial peruana.

Ese antecedente no puede omitirse. Porque lo que se discute hoy no es la conveniencia de tener más vuelos o más pasajeros, sino en qué condiciones se abrió el mercado y quién capturó el beneficio. La quinta libertad concedida permitió a aerolíneas chilenas operar desde Lima hacia mercados altamente rentables como Estados Unidos utilizando infraestructura peruana y captando tráfico local, sin que el Estado peruano reciba una retribución proporcional por ese acceso privilegiado.

La supuesta reciprocidad ofrecida al Perú existió solo en el papel. Se trató de derechos equivalentes desde el punto de vista formal, pero económicamente irrelevantes en la práctica. No había demanda comparable, ni hubs alternativos, ni posibilidad real de capturar valor. Esa asimetría, lejos de ser corregida, se mantiene por más de dos décadas, consolidando un esquema en el que el tráfico crece, pero el beneficio estratégico no se queda en el país.

Más vuelos no significan automáticamente más desarrollo. El tráfico puede aumentar, los aeropuertos pueden llenarse y las cifras lucir bien en los titulares; pero si la renta se factura fuera, si las decisiones estratégicas se toman fuera y si el valor agregado se consolida fuera, el impacto nacional resulta limitado. Confundir volumen con progreso sin considerar la pérdida de recursos y de capacidad de decisión ha sido uno de los errores más persistentes de la política aerocomercial peruana.

Lo más grave no es solo la decisión original, sino el silencio posterior.

Lo más grave no es solo la decisión original, sino el silencio posterior. En más de veinte años no se ha publicado una evaluación oficial que explique cuánto dejó de percibir el Estado, ni se ha revisado el equilibrio del acuerdo, ni se ha planteado una compensación económica por el uso intensivo de un activo estratégico como el mercado aéreo nacional.

Por ello resulta, cuando menos, discutible que quien tuvo un rol central en una cesión de esas características se presente hoy como promotor del desarrollo y la conectividad, sin una reflexión explícita sobre sus efectos de largo plazo. No se trata de negar la importancia de la integración aérea, sino de recordar que abrir mercados sin reglas claras, sin balance económico y sin control público no es modernizar el país: es renunciar a gobernarlo.

El problema de fondo no es técnico ni comercial: es político. Durante años, decisiones estratégicas que comprometieron activos públicos de alto valor se tomaron sin debate real, sin evaluación económica y sin rendición de cuentas. Y cuando sus efectos se hacen evidentes, quienes participaron en ellas reaparecen no para explicar lo ocurrido, sino para reescribir el relato, presentándose como promotores de un desarrollo que nunca se midió en términos de interés nacional.

Sin memoria ni responsabilidad política, no hay política aérea posible.

Esa es una constante en la gestión pública peruana: la facilidad con la que se diluyen responsabilidades y la rapidez con la que se normaliza el costo de decisiones mal diseñadas. El país pierde, el tiempo pasa y nadie responde. Mientras tanto, se sigue confundiendo conectividad con beneficio público, como si el simple aumento de tráfico bastara para justificar cualquier cesión.

El Perú no necesita más discursos celebratorios ni cifras descontextualizadas. Necesita memoria, rendición de cuentas y una política pública que sepa revisar, corregir y, cuando corresponde, rectificar decisiones que se adoptaron en nombre de la modernización, pero cuyos costos el país sigue asumiendo.

Sin memoria ni responsabilidad política, no hay política aérea posible. Solo la repetición ordenada de los mismos errores, con un lenguaje más amable.



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