OPINIÓN/ ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que la justicia actue?

 

Escribe: César David Gallo Lale

Teniente General FAP

 

¿Cuándo se reestructurará el Poder Judicial en el Perú? ¿Qué espera el Ejecutivo y Legislativo?

Increíble la magnitud de la corrupción e impunidad de la ex Ministra de Justicia del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Marisol Pérez Tello. No solo dispuso el retiro de la Procuradora Katherine Ampuero del Ministerio Público, quien estaba a cargo del caso Odebrecht, el 20 de Julio del 2017 luego de que esta ordenara el embargo de sus cuentas y bienes de la empresa, sino que, además, el 17 de Agosto del mismo año nombró a Silvana Carrión Ordinola, como Procuradora ad hoc adjunta para el caso Lava Jato.    

Odebrecht, empresa actualmente sindicada como corrupta en toda América Latina y Estados Unidos, tiene vínculos en el Perú con firmas como Graña y Montero (ahora Aenza), Obrainsa, Málaga, Cosapi, ICCGSA, Johe S.A., Grupo Plaza, Constructora San Martín, OAS, Andrade y Gutiérrez, Mota Engil y Queiroz Galvao entre otras. La mencionada procuradora, Silvana Carrión, ha perjudicado gravemente a todos los peruanos al no defender adecuadamente los intereses del Estado que representa.    

Como es de conocimiento público, la ex Procuradora Katherine Ampuero, tras analizar la resolución que establece una defensa conjunta del Estado ante una corte de Nueva York, criticó fuertemente la postura de Carrión, quien se negó a asumir competencia en el caso. Además, alertó sobre un posible conflicto de intereses, debido a la relación profesional de Carrión con el abogado defensor de Brookfield. También señaló que la omisión de Carrión al no solicitar la anulación de la transferencia entre Odebrecht y Brookfield debilitó significativamente la posición legal del Estado peruano.

Por ello, Rafael López Aliaga solicitó formalmente la destitución de Silvana Carrión, por presunto nexo con Odebrecht, dado que se negó a representar al Estado en una demanda interpuesta por la Municipalidad de Lima respecto a la venta de acciones de Odebrecht a Brookfield. Esta solicitud se fundamenta en un evidente conflicto de interés, ya que Carrión, mantuvo durante 16 años un vínculo laboral con el estudio de abogados de Cesar Azabache Caracciolo, defensor legal de Brookfield, hecho que compromete su objetividad para ejercer la defensa jurídica del Estado Peruano

Cabe destacar que Brookfield es una de las firmas de inversión global más grandes del mundo, especializada en la gestión de activos alternativos, con más de mil millones de dólares bajo administración.  Opera en sectores clave como energía renovable, infraestructura, capital privado, bienes raíces y crédito. Fundada en Canadá en 1899, Brookfield, ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado Peruano por el cierre de peajes por un monto de 2’700,000 millones de dólares.

¿En qué quedará todo esto? El 05 de septiembre, el Consejo Ejecutivo de la Procuraduría General del Estado decidió cesar a Silvana Carrión tras una serie de escándalos que la vinculan con conflictos de interés y uso indebido de recursos públicos. La abogada fue objeto de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que puso en duda su imparcialidad en la defensa del Estado en el caso Lava Jato, uno de los más importantes en la historia reciente del país.

Al respecto, la exprocuradora Katherine Ampuero señaló: “Excelente noticia. No podía seguir en el cargo una procuradora que más parecía abogada de Odebrecht que la defensora de los intereses del Estado”.

“Nunca en la historia de la defensa legal del Estado se había visto a una procuraduría actuar a favor de una empresa corrupta solicitando se dejen sin efecto los embargos e incautaciones a Odebrecht, los cuales se habían ejecutado para garantizar el pago de la reparación civil a favor del Estado”.

¿Cuándo se reestructurará el Poder Judicial en el Perú? ¿Qué espera el Ejecutivo y Legislativo?

 

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