OPINIÓN/ De Constituyente a Prostituyente

NO ATRACO

Escribe: Elmer Barrio de Mendoza

 

Tomemos las cosas con serenidad, pero también con energía. Hay que poner alto a la descomposición general del país. Marchamos al abismo mientras que tenemos todos los argumentos para marchar a la gloria.

No voy a arrogarme la autoría del título. El autor es un muy buen amigo mío. Lo cierto es que, como dijimos antes de que cerrara 2024, el Congreso no puede caer más bajo, o quién sabe.

La denuncia pública que hizo Beto Ortiz sobre la presunta existencia de una red de prostitución en el Congreso, ha estallado ferozmente, al punto de opacar la desvergüenza evidenciada con la apertura del Acuerdo de Colaboración Eficaz entre el Ministerio Público y Odebrecht en 2019.

¿Será lo del Congreso, que aparentemente tiene base real y conduce a delitos mayores, la gran cortina de humo para tapar el escándalo de la venta (si ha sido gratis, igual o peor) de fiscales y procuradores a los intereses de la corporación brasilera y del Club de la Construcción en el Caso Lava Jato?

En términos prácticos así ha sucedido, pero sólo ha funcionado relativamente. Lo sucedido en el Congreso debe investigarse a fondo y en plazos cortos. La Fiscalía ha tomado acción y estamos a la espera de prontos resultados. La espectacularidad sirve de poco y nada, ya lo sabemos. Sólo cuenta el desenlace.

La separación de Rafael Vela Barba de la Coordinación de las Fiscalías de Lavado de Activos o la de Jorge Chávez Cotrina de las de Crimen Organizado son, por ahora, más ruido que nueces.

Toca repasar la historia reciente.

¿Cómo llegó Castillo?

Pedro Castillo no fue presidente de casualidad. El Caso Lava Jato fue impulsado y direccionado por Martín Vizcarra Cornejo, sostenido primero por el fujimorismo y luego por los caviares.
¿Quién da más? pareció ser la única pregunta importante para alias Lagarto. Por supuesto Soros y sus representantes en el Perú (más, por supuesto, Odebrecht y el Club de la Construcción) podían dar más que los fujimoristas.

Lo cierto es que tras la designación de Rafael Vela, como Jefe del Equipo Especial Lava Jato, por parte de Pedro Chavarry Vallejos, entonces Fiscal de la Nación, la investigación dejó de ser una pesquisa para concentrarse en la firma de un acuerdo de colaboración eficaz genuflexo y obsecuente hacia Odebrecht y su caterva de cómplices.

El acuerdo se concretó en febrero de 2019 y se homologó judicialmente en junio del mismo año.
A fines de 2018 se había firmado un preacuerdo que ya revelaba la matriz corrupta y entreguista de la negociación.

Por cinco años y medio se ocultó el acuerdo y, ahora que ya se conoce, nos enteramos de que debía haber sido público inmediatamente luego de homologarse. Sesenta y seis meses de ilegal ocultamiento.

Usted se preguntará porqué fue así. La explicación es sencilla: el pacto corrupto debía permitir que Odebrecht (y de paso sus aliados) sacaran toda la ventaja posible de la entrega de fiscales y procuradores y a cambio se pudiera chantajear o perseguir a cuanto enemigo político se pusiera en frente. Esta no era una guerra santa porque santos no había en ninguna de las fuerzas beligerantes. La guerra de bandos desembocó en lo que siempre fue: una guerra de bandas.

Así las cosas, Vizcarra fue un presidente popular, que ocultaba sus muchos presuntos crímenes detrás de la imagen de líder anticorrupción. Los fiscales Vela y Pérez pasaron de abanderados de la lucha por la moralidad pública, a vulgares mercenarios de Odebrecht y sus cómplices.

Los caviares aprovecharon el pandemonio y, gracias a Vizcarra y a un sector de la prensa, tomaron el control Ministerio Público, de una parte del Poder Judicial y de algunos sectores en el Ejecutivo, que convirtieron en propia chacra, mientras seguían sin ganar ninguna elección. Su metodología de acceso al poder es el “entrismo” de clara raigambre trotskista y se disfrazaron de Gramsci (a quien sospecho que jamás leyeron) para justificarlo.

Ignorantes al extremo, inventaron una relación Trotsky-Gramsci que jamás existió, salvo en las facultades de ciencias sociales de algunas universidades norteamericanas.

La ineptitud política del fujimorismo, así como su propia historia, contribuyó a cimentar su desprestigio. Vizcarra se almorzó a Keiko mientras pactaba con los caviares. El Lagarto y los “progres” ganaron a mediano plazo. Y ganaron bastante. Uno para lucrar, los otros para medrar.

Si el Acuerdo de Colaboración Eficaz hubiera sido público en junio de 2019, esto no hubiera sido posible. Por eso había que ocultarlo ilegalmente.

Vizcarra cayó en noviembre de 2920, tras haber ejercido el poder absoluto. Cayó porque sus muchas trapacerías se comenzaron a hacer evidentes. Los caviares salieron a las calles. Durante tres días fue una protesta pequeña pero continua. Luego se sumó un actor adicional: el MOVADEF. Allí todo cambió, la protesta se hizo dura y violenta y el frágil gobierno transitorio de Manuel Merino de Lama fracasó en el control de la movilización. La muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado cambió totalmente las cosas. Merino renunció y, en circunstancia de conmoción social, el Congreso eligió nuevo presidente, Francisco Sagasti, caracterizado representante del Red Set.

Así llegamos a 2021 y ante el continuo descalabro de la izquierda caviar y otras fuerzas afines, la primera vuelta dejó al poco conocido profesor Pedro Castillo Terrones (vinculado al MOVADEF) y a Keiko Fujimori Higushi como contendientes finales por la Presidencia de la República.

Sin el Caso Lava Jato, el escenario hubiera sido completamente diferente: Keiko había sido sometida a detención preliminar y prisión preventiva y su imagen había sido derruida. Es indudable que, sin Lava Jato, Castillo no habría ganado, de repente hubiera sido otro pero no Castillo. Con Castillo, el MOVADEF se instaló en el Poder y, hasta ahora, seguimos pagando las consecuencias. Dina Boluarte gobierna porque tiene el respaldo principal del fujimorismo, que se extinguirá ahogado en sus propios métodos y en su propia incompetencia.

Tres lemas marcaron la victoria de Castillo. Uno: No más pobres en un país rico. Dos: Palabra de maestro. Tres: Nueva Constitución y Asamblea Constituyente. Los dos primeros carecen de contenido. El tercero tuvo (y eventualmente volverá a tener) verdadera significación, para bien o para mal.

La verdad del ACE

A ver, repasemos: el Acuerdo de Colaboración Eficaz firmado por el Equipo Especial Lava Jato en febrero de 2019, contiene la obligación de hacerse público a partir de su homologación (junio de 2019). Sí, la obligación. La transparencia y acceso a la información pública está establecida desde 2002 por la Ley N° 27806. No hay excepción que refiera a acuerdos de colaboración eficaz o similares y la propia sentencia de la juez María de los Ángeles Álvarez ratifica el texto que señala, a la fecha de su homologación (junio de 2019) dejaba de tener calidad de reservado.

Así que haberlo mantenido en secreto es una inexcusable violación de la ley y eventual delito contra la Administración Pública.

Un segundo elemento digno de tomarse en cuenta es que el Acuerdo contiene información sobre diecisiete (17) proyectos potencialmente corruptos pero sólo admite culpabilidad en cuatro (4) de ellos. La cláusula de progresividad no está contemplada en el Código de Procedimientos Penales, así que es un “saludo a la bandera”. ¿Quién responde por eso?

Los trece (13) otros casos penales no se han iniciado gracias al Acuerdo sino, los que lo fueron (Susana Villarán por ejemplo), surgen de fuentes distintas. De hecho el caso Toledo lo inicia el fiscal Hamilton Castro Trigoso, que se negó con pertinacia y consecuencia a firmar el Acuerdo.

Otro asunto relevante es el tema del compromiso de corroboración. Al final del día, Odebrecht no ha corroborado nada de lo declarado en el Acuerdo. La cadena de custodia de los servidores Droussys y MyWebDay fue vulnerada y su contenido fue invalidado por la justicia brasilera. En resumen, se intentó adulterar su contenido.

Las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht ante el Ministerio Público no han sido validadas en el juicio oral. Y hay muchas perlas más.

Pero no podemos dejar de mencionar una fundamental, que se pactó desde el Preacuerdo: Odebrecht controla la información. Hay 20 millones de folios almacenados en Polysistemas y la Fiscalía no puede acceder a ellos porque sólo lo puede hacer a pedido específico y con autorización de la empresa.

Pregunta: ¿Cómo se llama esto? Respuesta: Esto no tiene nombre.

¿Red criminal en el Congreso?

El actual Congreso del Perú ha vuelto a demostrar que siempre se puede caer más profundo en el abismo del desprestigio y de la repulsa social.

Determinar si hubo (hay) una red de prostitución en el Congreso le corresponde al Sistema de Justicia, pero no asumir la responsabilidad política de lo que allí sucede no admite excusa alguna. Los plazos de la investigación preliminar están corriendo y será suficiente que se decida pasar a investigación preparatoria para que los altos cargos del Congreso deban renunciar sin justificación de ninguna clase.

Y para que no quede duda, me refiero a toda la Mesa Directiva y al Oficial Mayor por lo menos. Tal parece que el honor y la decencia ya no cuentan allí donde está el escaño de Miguel Grau Seminario. ¡Qué afrenta!

Tomemos las cosas con serenidad, pero también con energía. Hay que poner alto a la descomposición general del país. Marchamos al abismo mientras que tenemos todos los argumentos para marchar a la gloria.

Votar es nuestro derecho, pero también nuestro deber. Votar por los mejores debería ser parte de ese deber, porque intuyo (no sólo yo, supongo) que ésta es nuestra última oportunidad.