OPINIÓN/ Declaración de Arequipa: Un llamado urgente a proteger las inversiones en el Perú
Escribe: Julio Cáceres Arce
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
la reciente escalada de violencia en el sector minero pone en jaque este esfuerzo y resalta la urgencia de un entorno seguro y estable para los inversionistas.
El 26 de noviembre de 2023, los presidentes de las cámaras de comercio de las regiones del Perú y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) firmaron la Declaración de Arequipa. Este documento es un compromiso para mejorar el ambiente de negocios en el país, con el objetivo de atraer inversión privada, crear puestos de trabajo y dinamizar las economías regionales. Sin embargo, la reciente escalada de violencia en el sector minero pone en jaque este esfuerzo y resalta la urgencia de un entorno seguro y estable para los inversionistas.
La Declaración de Arequipa establece siete puntos clave para fomentar un clima favorable a la inversión. Uno de los más relevantes es el tercer punto, que enfatiza la necesidad de «un entorno propicio, con instituciones públicas que funcionen y con un Estado presente en todas las localidades». Este llamado a la acción es crucial, ya que las empresas no prosperan en entornos inciertos, inseguros y sin legalidad. La violencia y la criminalidad son factores que desincentivan la inversión y socavan la confianza empresarial.
La madrugada del 12 de enero de 2025, la Compañía Minera Poderosa fue víctima de un atentado perpetrado por mineros ilegales coludidos con grupos criminales. La detonación de tres cargas de dinamita destruyó la torre de alta tensión N.° 24 que alimenta a su planta Santa María y otras operaciones mineras en Pataz. Este ataque interrumpió el suministro eléctrico, lo que demuestra cómo la violencia puede paralizar actividades económicas vitales. Ya son 15 las torres dinamitadas en los últimos cuatro años, lo que refleja una tendencia alarmante que amenaza no solo a Poderosa, sino a toda la industria minera del país.
Los efectos colaterales de esta violencia son devastadores. En los últimos años, se han perdido 18 vidas entre los colaboradores de Poderosa debido a estas incursiones violentas. La situación se agrava aún más con el secuestro de 17 trabajadores en una operación minera ilegal durante el caos generado por el atentado. Estos hechos no solo afectan a las empresas, sino que también generan un clima de miedo e incertidumbre entre los trabajadores y sus familias.
La escalada de violencia en Pataz está íntimamente relacionada con el crecimiento descontrolado de la minería ilegal, amparada por el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). A pesar del fracaso evidente del proceso formalizador y sus efectos negativos, el Congreso ha decidido ampliar su vigencia. Esta decisión es irresponsable y contraria a los esfuerzos por establecer un entorno seguro para las inversiones.
Poderosa ha solicitado al gobierno que cumpla con su compromiso asumido hace casi un año: constituir un frente policial en Pataz para erradicar la minería ilegal antes de que continúe extendiendo sus nefastos tentáculos. La minería ilegal no solo ha superado al narcotráfico como la economía ilícita más lucrativa, sino que también está vinculado con otras actividades criminales como la extorsión y el sicariato.
La falta de intervención estatal no solo afecta la seguridad de las empresas mineras; también limita las oportunidades económicas para las comunidades locales. La inversión privada es esencial para generar empleo y mejorar la calidad de vida. Sin un entorno seguro y legal, los inversionistas se verán desalentados a arriesgar su capital en regiones como Pataz, lo que perpetuará el ciclo de pobreza y violencia.
Además, no podemos dejar de mencionar que la minería ilegal tiene un impacto devastador en el medio ambiente, afectando no solo los ecosistemas locales, sino también la salud de las comunidades y la economía del país, como ahora último se reportan denuncias de la tala indiscriminada de árboles y la destrucción de hábitats naturales en nuestra Amazonia. Esto no solo reduce la biodiversidad, sino que también altera los ecosistemas, afectando a las especies que dependen de esos hábitats.
Es imperativo que el gobierno tome medidas decisivas para garantizar un entorno seguro y estable.