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OPINIÓN/ Derechos humanos para los humanos derechos, y derechos civiles para los civiles derechos

Escribe: Alexandre Ridoutt Agnoli

 

Convertir el Museo de la Memoria y los espacios regionales en centros de exhibición contra la corrupción sería una medida política e institucional sin precedentes

 

La humillación es el peor castigo para quienes, habiendo alcanzado la Presidencia de la República o los más altos cargos en el gobierno central, regional y municipal, terminaron traicionando al país por su angurria de poder y dinero. Los expresidentes, ministros, gobernadores, alcaldes, magistrados y altos funcionarios que hoy purgan condena no solo le costaron millones al Estado en pérdidas económicas: también hipotecaron el futuro de generaciones enteras, sumiendo al Perú en la pobreza, el atraso y la desconfianza hacia sus instituciones.

El Perú mantiene un Museo de la Memoria, concebido para reflexionar sobre el pasado, pero que por años fue utilizado de manera distorsionada, parcial y divisoria. Es momento de reconvertirlo en un espacio verdaderamente pedagógico: un Museo de la Corrupción, donde se exhiba, con nombre, rostro y pruebas judiciales, a quienes representan la traición más grande a la República.

La mejor lección para la ciudadanía sería presentar a los corruptos personalmente, para que sufran la humillación pública que se merecen. Sin embargo, en respeto a la Constitución y a los compromisos internacionales, esta medida no es jurídicamente posible. Por ello, se propone una alternativa igualmente contundente: celdas con muñecos de cera que repliquen sus características y rasgos, acompañadas de imágenes, videos y documentos oficiales que narren con precisión sus delitos, desde su juramentación en el cargo, la sentencia condenatoria y el momento de su traslado desde la sala de juicio hasta su ingreso a su celda.

Las visitas deberían ser diarias y abiertas al público en general, con un costo de ingreso simbólico destinado al mantenimiento de las instalaciones y a programas educativos. Estaría incluido en la malla curricular de los colegios, universidades y centros de formación quienes tendrían acceso prioritario a estas exhibiciones, de modo que las nuevas generaciones comprendan desde temprano que la corrupción no es un camino de éxito sino un destino de vergüenza y castigo.

Este modelo debe replicarse en todas las regiones del país, mediante locales habilitados para tal fin, garantizando un impacto pedagógico nacional que convierta la lucha contra la corrupción en una experiencia tangible y permanente.

Es fundamental recordar un principio que debe marcar nuestra vida republicana: los derechos humanos corresponden a los humanos derechos, y los derechos civiles a los civiles derechos. Quien roba, miente y traiciona a la patria, rompe ese pacto de civilidad y no puede pretender las mismas consideraciones que quienes cumplen la ley y sirven con integridad.

Hacia una legislación ejemplar

Para que esta propuesta trascienda el debate político y se convierta en política de Estado, es indispensable promover una ley del “Museo de la Corrupción y la Memoria Republicana”, que contemple:

  1. La creación del Museo de la Corrupción en Lima, utilizando el actual Museo de la Memoria como sede central.

  2. La implementación de réplicas regionales, con locales habilitados en cada capital de departamento o ciudad importante.

  3. La obligatoriedad de incluir en la exhibición a todo funcionario con sentencia firme por delitos de corrupción contra el Estado, junto con la publicación de su sentencia, pruebas y registro audiovisual de su proceso.

  4. La inclusión obligatoria de visitas guiadas para los colegios, institutos técnicos y universidades como parte del currículo de formación cívica y ciudadana.

  5. El financiamiento sostenible, mediante el cobro simbólico de entradas, donaciones privadas y un fondo especial del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Justicia.

Convertir el Museo de la Memoria y los espacios regionales en centros de exhibición contra la corrupción sería una medida política e institucional sin precedentes.

“La corrupción, el crimen más dañino para el Perú en sus más de 200 años de vida republicana y que en las últimas dos décadas se ha normalizado en el sector público y privado con total impunidad, dejaría de estar oculta en expedientes judiciales y se mostraría como lo que es: La verdadera causa del atraso nacional, por lo tanto, es necesario promulgar la LEY”

 

 

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