Ha hecho muy bien el gobierno peruano en publicar un comunicado donde “lamenta y rechaza que Nicolás Maduro haya asumido fraudulentamente la presidencia de Venezuela” y, en consecuencia, “no lo reconoce” como jefe de Estado del país llanero.
Luego, agrega la nota, “la voluntad popular, único origen legítimo de un gobierno, se expresó mayoritariamente en favor de Edmundo González Urrutia, a quien el Perú considera presidente electo de Venezuela. Y, a la vez, exige la inmediata libertad “de los ciudadanos peruanos que permanecen injustamente detenidos”.
Saludamos, por tanto, el categórico pronunciamiento del Perú, el más claro y contundente de la región, que seguramente será replicado con agravios y calumnias por parte del chavismo y sus satélites peruanos, entre ellos, el Partido Perú Libre.
Sin embargo, a pesar de reiterados pedidos hechos a través de la representación diplomática del Brasil, que nos representa, no sabemos si nuestros compatriotas están vivos, muertos o depositados en alguna mazmorra.
Recordemos que, de acuerdo con las copias de las actas de votación obtenidas por el Centro Carter, la única institución autorizada por el oficialismo para realizar veeduría electoral, González Urrutia obtuvo 7 millones 443 mil votos (67%) y Maduro, 3 millones 386 mil sufragios (30%). Pero el Tribunal Electoral de Venezuela se niega a publicar las actas porque, de hacerlo, quedaría demostrada la farsa.
Saludamos, por tanto, el categórico pronunciamiento del Perú, el más claro y contundente de la región, que seguramente será replicado con agravios y calumnias por parte del chavismo y sus satélites peruanos, entre ellos, el Partido Perú Libre.
De esta forma, Torre Tagle, a través de su canciller, Elmer Schialer, ha honrado el compromiso institucional con los principios democráticos y la preservación de los derechos humanos, violados sistemáticamente por una satrapía genocida y corrupta en el poder desde 1999, responsable de asesinatos, arrestos y torturas, según dos informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por la OEA, la Comunidad Europea y la Corte Penal Internacional, que califica estos actos delictivos en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
En estas horas aciagas e inciertas, debe estar celebrándose un gran banquete en el Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo, en honor a las delegaciones que asistieron a la investidura de Nicolás Maduro. Es decir, están festejando una farsa a favor de quien perdió las elecciones presidenciales. Y a esa patraña se prestan Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Cuba, Nicaragua, Honduras, Colombia, México, Brasil, Turquía y Catar, entre otros países, así como representantes del Foro de Sao Paulo y de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC).
El nivel de cinismo es tan grande —y pútrido— que el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, no ha titubeado en calificar de “victoria histórica” la reelección de Maduro, agregando que “ha vencido limpiamente sobre presiones y manipulaciones de la oposición proimperialista”.
En ese contexto, debemos recordar, asimismo, que Venezuela está militarizada. Según un informe de CNN, en base a cifras del Banco Mundial, cuando en 1999 Hugo Chávez llegó al poder, había 79 mil efectivos militares y hoy existen 343 mil. Más aún, 14 de los 33 ministros son militares (un 42%) que controlan el mercado de divisas, la compra de alimentos y el negocio petrolero.
Con las Fuerzas Armadas se ha expandido la Policía Bolivariana, los servicios de inteligencia y contrainteligencia, así como los llamados “colectivos”, constituidos por bandas de mercenarios asalariados, a quienes hace tres días entregaron centenares de fusiles rusos Kalashnikov en la propia casa presidencial con el propósito de amedrentar a la población o hacer uso del armamento para reprimir a la oposición.
Por todas esas consideraciones, tiene un gran valor cívico la tenaz resistencia de esa admirable y combativa mujer que se llama María Corina Machado, que no retrocede, a pesar de que han rodeado la casa de su anciana madre con soldados y vehículos, cortado la electricidad y establecido una vigilancia con drones en su domicilio y zonas aledañas.
