OPINIÓN/ Desaguisados en el proceso electoral 2026

Escribe: Pedro Morales Mansilla.

Conscientes que la inscripción y posibilidad de participar en el proceso de elecciones generales 2026 de 43 partidos políticos constituye una peripecia que nos lleva a  intuir un desenlace tipo  “torre de babel”, que atizaría la profundización de nuestra  crisis política,  nos enteramos del destape de un desaguisado que pone en tela de juicio la legitimidad y legalidad de 32 colectividades que, con trampa, han logrado su inscripción en el ROP, sacándole la vuelta a los requisitos, al presentar  fichas de inscripción con firmas adulteradas  y otras, consignando la afiliación de ciudadanos que no estaban enterados ni consultados para ser incluidos en la militancia partidaria.

Eso es delito y/o trampa que pueden quedar impunes, pese a constituir una flagrante agresión a la democracia y ser un escándalo, porque la “nulidad” para este caso, no establece el marco legal, más si se ha exonerado de penalización política a los partidos.

El contexto político-electoral que vivimos, es consecuencia –así no reconozcan- de legislación y campañas anti partidos, iniciadas por el fujimorismo, extremadas por el terrorismo y asumidas por el poder político que efectivizó una “reforma bamba”, superficial y con parches, entre julio del 2016 a julio del 2021 que incluyó un referéndum manipulado, con la real intención de debilitar y sacar de “la cancha” a los partidos llamados tradicionales. Optaron por cambiar las reglas de juego, empezando por disminuir la valla de requisitos que sí cumplieron éstos.

No midieron las consecuencias negativas de debilitar el sistema de partidos que, pese a sus imperfecciones, a la luz de los acontecimientos, fueron y son soportes de la democracia. Lo actuado en esa etapa contra el APRA, PPC y AP (al que el JNE impidió años oficializar su dirigencia y actualmente en incertidumbre, respecto a una apelación que viene siendo dilatada) no son casuales.

Hay responsables de la situación que no está para soslayarla, alegrarse y menos para hacerse los locos. En primer lugar el Congreso, que por sus competencias y representación política, ha tenido la oportunidad y reto histórico de realizar una profunda e integral reforma política y del sistema electoral, acorde con los intereses del país y no lo ha hecho, limitándose a darnos “leyes parche” en este campo; pero sí, fueron pródigos, en darnos normas que en el fondo, buscaron blindar a los dueños y líderes de sus partidos en sus asuntos pendientes ante la justicia y  “pagar” las contribuciones de campaña provenientes de actividades nada santas.

Ante esto, podemos decir que las corruptelas no solo se inician y expresan en el escándalo de la inscripción con firmas falsas, también con legislación sospechosa divorciada del interés ciudadano. El tiempo para legislar, corrigiendo los dislates del proceso en marcha, venció el 12 de abril.

En tal sentido, mientras se debate si el reciente desaguisado debe quedar en la impunidad o no, si el JNE (máxima autoridad de justicia electoral) actuando “con criterio de conciencia” debe o no  “anular” las inscripciones, etc. y,  mientras ciertos congresistas piden de “boca para afuera” la «exclusión electoral» y «denuncia penal» por las afiliaciones e inscripción tramposa, sin tener autoridad moral ni legitimidad para ello (toda vez que oportunamente no hicieron algo positivo al respecto) surge la lógica pregunta: ¿qué hacer ante el enmarañado marco legal, falta de precisiones y de una  causal legal que ampare la cancelación  de inscripciones  indubitablemente corruptas? que sin duda, merece atención y respuestas concretas de actores como el Congreso, Sistema Electoral y específicamente de los partidos tradicionales y ciudadanía en general. Estos dos últimos, opino, constituyen la gran esperanza del cambio, si hacen conciencia de su rol.

Para empezar, los partidos, especialmente los llamados tradicionales, deben priorizar garantizar una propuesta integral viable, con indiscutible solides de ética pública y valores democráticos.  Optar, para elegir a sus candidatos, la modalidad un militante un voto, sin caer en la seducción de las convenciones electorales vía delegados que, sin duda, convienen a dueños, dirigencias totalitarias y objetivos mercantilistas de los partidos.

Así mismo, considerar eficaces filtros para evitar candidaturas con trayectorias sinuosas, descalificadas por la colectividad y que tengan sospechas y denuncias por corrupción. Si no se opera el cambio desde estos niveles, lo demás no tiene sentido, pues nos llevaría a repetir los lamentos de estos tiempos, por haber elegido una representación política que ha deslegitimado la majestad de los poderes del Estado por su actuación mediocre, parcializada y condescendiente con la corrupción.

Finalmente, el ejercicio de ciudadanía por el elector, es vital. Estamos a tiempo de informarnos, diferenciar entre políticos y politiqueros, evaluar y optar por las propuestas que concuerden con nuestras nobles aspiraciones.

La actitud en estos cruciales momentos debe ser de total rechazo a todo lo que ha devaluado la política (corrupción, demagogia, improvisación, trasfuguismo, oportunismo, falta de transparencia en el origen del financiamiento de campañas, ventajas inescrupulosas de los que desean reengancharse en el parlamento al amparo de normas con que se auto favorecieron, etc.) En otras palabras, toca al elector, desterrar todo lo que huela a mercantilismo y corrupción.

Es hora de obsequiar parte de nuestro tiempo al análisis que nos permita realizar un voto responsable e informado, con lealtad al Perú. En concreto, ante la situación de crisis, laberinto normativo, lamentable defección de las instituciones llamadas a garantizarnos elecciones transparentes y las dramáticas experiencias de votar por votar; es el momento del real ejercicio de ciudadanía de los electores y de honestidad de los partidos para corregir errores y superar flaquezas éticas, conscientes de su importancia en la construcción de una democracia de calidad con valores.

 Lima. 4 de mayo del 2025.