OPINIÓN/ ¡El 2025 el Perú debe derrotar a la minería ilegal!

(El Montonero).- Las economías ilegales en el Perú –ya sea la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y otras actividades– el año pasado, de una u otra manera, emergieron como una real amenaza para el Estado de derecho, las instituciones y el futuro del Perú. El desborde de la ola criminal en las principales ciudades y la capital se presentó con la constatación de que la minería ilegal, por ejemplo, tenía influencias políticas decisivas a nivel de gobiernos regionales, municipios, el Poder Ejecutivo y el propio Legislativo.

Una amenaza para el Estado de derecho y el sistema de propiedad

Si observamos cómo se erosiona el principio de autoridad del Estado de derecho y cómo suben los precios del oro y del cobre, los dos minerales que atraen a la minería ilegal, entonces no es nada extraño que la combinación de falta de Estado de derecho y precios altos de minerales contribuyan al avance de la minería ilegal. Hoy se calcula que la minería ilegal moviliza más de US$ 5,000 millones, mientras el conjunto de las economías ilegales pueden llegar a sumar US$ 9,000 millones. La minería ilegal, pues, se ha convertido en una amenaza más letal para el sistema constitucional que el propio narcotráfico.

El Estado de derecho en el Perú tiene todas las herramientas institucionales, procedimientos y recursos para detener la minería ilegal; sin embargo, falta la decisión política. El caso emblemático de esta falta decisión es el Estado de emergencia en la provincia de Pataz, en la región La Libertad. El estado de emergencia en la mencionada provincia ha movilizado al gobierno central, al gobierno regional, al Ministerio Público, al Poder Judicial, a las fuerzas armadas y a la policía nacional del Perú (PNP) en contra de la minería ilegal. Sin embargo, el Estado de derecho y sus instituciones se muestran impotentes para avanzar en contra de este flagelo.

El 2024 se calcula que alrededor de 12,000 volquetes transportaron el mineral ilegal que se extrae de las minas formales que pagan impuestos, preservan el medio ambiente y generan empleo formal en Pataz. Por otro lado, el último ataque de los mineros ilegales a Minera Poderosa confirma que el crimen organizado nacional e internacional se ha convertido en el brazo armado de la minería ilegal en la provincia. Ya se suman 15 torres de alta tensión derribadas y 18 trabajadores muertos. Mientras el Estado de derecho fracasa en contener la economía ilegal, el precio de la onza de oro se mantiene sobre los US$ 2,000.

Durante el 2024, igualmente, la minería ilegal dejó en claro que también va por las minas formales de cobre. En el corredor vial del sur, en donde se emplazan las minas que producen cerca del 40% del cobre nacional, se movilizaron entre 100 y 150 volquetes diarios que transportaban el mineral ilegal de las concesiones formales. Ni Las Bambas, una de las minas formales de cobre más grande del Perú y del mundo, llega a movilizar esa cantidad de volquetes en las mejores épocas de producción. Las cosas, pues, están más que complicadas.

La minería ilegal es un flagelo que, según diversos estudios, afecta a más de cinco regiones –entre ellas también la frontera entre Perú y Ecuador y la región de Madre Dios– y más de 22 ríos de la Amazonía. Pero no solo es una amenaza irreversible a la ecología y el medio ambiente del país, sino que es una carga de dinamita en contra del Estado de derecho y la vigencia de la Constitución y la ley, tal como se observa en la provincia de Pataz.

El gobierno de Dina Boluarte tiene las posibilidades de resolver este problema en un breve tiempo si es que toma la decisión política. De lo contrario, la economía ilegal erosionará el sistema institucional de gravedad. Y por otro lado, el avance de la minería ilegal es el avance de las fuerzas antisistema, porque la minería ilegal presupone acabar con el sistema de derechos de propiedad que protege la Constitución y la ley. La constituyente o el Estado fallido, pues, acompañan el avance de la minería ilegal.