OPINIÓN/ El crimen organizado ha fracturado el monopolio de las armas del Estado

(El Montonero).- El paro de los transportistas en Lima contra las extorsiones y el sicariato en diversos distritos de la capital –que han cobrado la vida de cuatro conductores– es un suceso que notifica que las cosas han llegado al límite: el crimen organizado amenaza el Estado de derecho, la convivencia social y es una real amenaza a la seguridad nacional. La decisión de decretar el Estado de emergencia, a tontas y locas, en 14 distritos limeños es la terrible confirmación de la gravedad de la situación.

Representa una amenaza a la seguridad nacional y al Estado de derecho

En este sentido, hoy es necesario volver a sostener que el crimen organizado ha quebrado el monopolio de la violencia y de las armas que ejerce el Estado, sobre todo luego de la incursión de bandas del crimen organizado internacional. Ya sea a través del narcotráfico, la minería ilegal, los traficantes de tierras, los taladores ilegales de los bosques y otras actividades ilegales la aparición de pistoleros que extorsionan y cobran cupos, los secuestros al estilo de los cárteles mexicanos y los asesinatos a manos de sicarios, nos revelan que el Estado ya no controla la violencia en la sociedad.

En ese contexto, han comenzado a surgir zonas liberadas del Estado de derecho de aquí para allá. Desde los asesinatos de los pistoleros de la minería ilegal en Pataz hasta los asesinatos de choferes de transporte público, de dueños de pequeñas bodegas, de panaderías y de negocios, todo empieza a asemejar a un desborde de la criminalidad que amenaza a la seguridad nacional, a la propia vigencia del sistema democrático.

En este escenario, el Ejecutivo ha decretado el estado de emergencia en 14 distritos de Lima. Pero la ausencia de un plan para coordinar y establecer funciones entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, la policía nacional del Perú (PNP), los municipios y serenazgos, la organización de la ciudadanía, con la participación de las fuerzas armadas, ha multiplicado las interrogantes ante la falta de una política para detener la evidente amenaza a la seguridad nacional que enfrenta el Perú.

Sin embargo, en medio de las confusiones del Ejecutivo, empiezan a aparecer algunas respuestas que dibujan el borrador de un plan. En la medida que estamos ante la fractura del monopolio de las armas y una amenaza a la seguridad nacional, la participación de las fuerzas armadas se vuelve imprescindible para recuperar el control de los territorios tomados por el crimen. En ese sentido, el Ejecutivo, el Congreso y los peruanos de buena voluntad deben levantar un escudo legal y procesar todas las reformas necesarias para que nuestros soldados no sean perseguidos por las corrientes progresistas y neocomunistas que controlan sectores del sistema de justicia.

Por otro lado, es urgente que las unidades especializadas, el SUAT y las comisarías de la PNP en los distritos bajo control territorial de las fuerzas armadas procedan a golpear las guaridas de los criminales deteniendo a los jefes, capitanes y soldados del crimen organizado. Para avanzar en ese objetivo es fundamental focalizar el presupuesto del sector Interior de más de S/ 14,000 millones en el reflotamiento de las más de 1,323 comisarías del país, la recuperación de unidades policiales para el patrullaje y el reflotamiento de las unidades especializadas para recuperar y potenciar la inteligencia policial contra el crimen organizado.

Por otro lado, el Congreso no solo debe incrementar las penas para los delitos de extorsión, secuestro y sicariato, sino que también debe discutir una legislación para crear sistemas de administración de justicia especiales, acelerar la implementación de la reforma que otorga a la PNP la facultad de la investigación preliminar y prever penas severas para fiscales y jueces que liberan a las bandas criminales.

Sobre esta base todo el Estado debe buscar converger bajo una política centralizada, con todos los esfuerzos de los municipios y los serenazgos locales; y por otro lado, se debe alinear todas las políticas estatales con los esfuerzos del sector privado que, a estas alturas, ya gasta cerca de S/. 15,000 millones en enfrentar los problemas derivados de la seguridad nacional.

No enfrentamos, pues, cualquier problema. Una nueva amenaza a la seguridad nacional ha surgido y los peruanos sabremos salir adelante, tal como lo hicimos con el colectivismo terrorista de Sendero Luminoso en los ochenta.