OPINIÓN/ El descontrol del déficit que amenaza al Perú

(El Montonero)- Es evidente que el déficit fiscal está descontrolado en el Perú, y es incuestionable también que por segundo año consecutivo el país no cumplirá las metas fiscales programadas. Sucedió en el 2023 y pasará en el 2024, no obstante que se elevó la proyección fiscal del 2% al 2.8% del PBI. A cierre del año el optimismo más elevado sostiene que el déficit cerrará sobre el 3% del PBI y los realistas aseguran que será complicado bajar la cifra debajo del 4% del PBI.

El MEF en contra de una nueva ley de promoción agraria en el Perú

El Perú, el otrora milagro económico de la región y los países emergentes, se desbarranca en el vicio de las economías estatistas y de los países bolivarianos: gastar sin control ignorando los ingresos del Estado.

Lo cierto es que la involución económica del país, que comenzó una década atrás, se ha acentuado durante el gobierno de Dina Boluarte con el desmanejo del déficit. Desde diez años atrás las narrativas anti inversión detuvieron los proyectos Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa, iniciando la parálisis de las inversiones de nuestra cartera de proyectos mineros. Paralelamente comenzó una burocratización y sobrerregulación del Estado sin precedentes, a tal extremo que de 15 procedimientos para una inversión minera se pasaron a 265. El resultado: el Perú dejó de crecer a tasas altas y se dejó de reducir la pobreza. Sin embargo, la macroeconomía seguía intacta.

Hoy la macroeconomía se ha enfermado. El déficit está sin control porque el Ministerio de Economía y Finanzas se ha politizado en extremo y se ha mostrado incapaz de reducir y racionalizar gastos; de oponerse a los más de US$ 3,500 millones en rescates a Petroperú en el 2024, la petrolera estatal quebrada y que sigue desangrando los recursos fiscales del país; e, igualmente, de enfrentar las iniciativas populistas de gastos de otros ministerios y del propio Congreso.

Cuando un país enfrenta una situación de déficit fiscal tiene dos opciones: reducir y racionalizar gastos o avanzar en el camino que proponen las izquierdas anticapitalistas; es decir, aumentar los impuestos y seguir apretando al sector privado. En otras palabras, la vieja historia de la gallina de huevos de oro. La ambición descontrolada de la voracidad fiscal terminará matando a la gallina que pone a los huevos de oro, al sector privado que financia más del 80% de los ingresos fiscales.

En el gobierno de Dina Boluarte se ha optado por el camino de matar a la gallina de los huevos de oro, en un intento desesperado de evitar el deterioro fiscal. Como todos sabemos el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se opuso a que el Congreso aprobara una nueva ley de promoción agraria que establecía un régimen tributario promocional para el sector, con el objeto de convocar inversiones en las tierras que se ganan al desierto –a través de los proyectos hídricos– y formalizar y capitalizar a los más de dos millones de minifundistas. En otras palabras, el MEF está relativizando la inversión y el empleo.

Muy por el contrario, una verdadera apuesta por el crecimiento, la inversión y la reducción de pobreza debería apostar por cortar y racionalizar los gastos del Estado. Por ejemplo, de un PBI nacional de aproximadamente US$ 260,000 millones, el Estado peruano consume alrededor de US$ 65,000 millones a través del gobierno central, los gobiernos regionales, los municipios y las empresas estatales. Una cantidad gigantesca para una economía de ingreso medio como la peruana.

¿Qué se debería hacer? En primer lugar, eliminar la mitad de los 19 ministerios que duplican funciones y se crearon bajo las influencias de las corrientes progresistas para establecer un sistema de consultorías y sinecuras políticas. Por ejemplo, los ministerios de la Mujer, de Cultura y de Ambiente podrían ser simples direcciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y se debería a proceder a privatizar de inmediato empresas públicas como Petroperú.

Es evidente también que si no estuviese el Banco Central de Reserva con el estricto control de la moneda nacional y de la inflación hoy la disciplina macroeconómica de las últimas tres décadas habría sido erosionada de extrema gravedad. Planteadas las cosas así, el gobierno de Dina Boluarte le deja un presente griego al gobierno que se instalará en el 2026: la urgencia de desarrollar un ajuste fiscal, no traumático como en los noventa, pero al final un ajuste que golpeará las economías familiares.