OPINIÓN/ El Estado de derecho es la condición irrenunciable del desarrollo

(El Montonero).- Luego de dos siglos de independencia el Perú comienza a rehacerse y mirar el futuro con optimismo, con cierta certeza de que alcanzar la grandeza y el desarrollo son enteramente posibles. Sin embargo, emerge la pregunta inevitable: más allá de las leyendas negras contra nuestro pasado virreinal, ¿por qué un país que durante el virreinato español, de tres siglos, alcanzó un ingreso per cápita igual o superior al de España o el de Reino Unido, durante los dos siglos de República solo conoció el subdesarrollo? ¿Por qué otros países que durante el virreinato eran colonias de sobrevivencias, hoy han dejado en la última fila de los vagones al Perú? Igualmente, ¿por qué los países del sudeste asiático que, cinco décadas atrás tenían la mitad del ingreso per cápita del Perú, hoy alcanzan el desarrollo y superan en seis veces el ingreso per cápita del país?

La naturaleza de las instituciones es la fuente de riqueza de las naciones

No se trata de la suerte. Tampoco de la potencia de los recursos naturales ni de la geografía. En cualquier caso, allí están Venezuela y Bolivia, dos potencias en recursos naturales que se desbarrancan al abismo de la pobreza por el camino estatista. ¿Cuál es la diferencia? El Estado de derecho y el respeto a los derechos de propiedad y los contratos.

Cualquiera podría sostener que el régimen económico de la Constitución garantiza el respeto irrestricto a los derechos de propiedad y los contratos; sin embargo, cuando hoy algunos congresistas se aprestan a modificar el sistema de propiedad establecido en la Ley General de Minería para legalizar los asaltos e invasiones de las concesiones formales, entonces es imposible hablar de respeto a los derechos de propiedad.

Países como Japón, Corea del Sur, Hong Kong, sin contar con mayores recursos naturales y con extensiones territoriales varias veces menores que la del Perú, han alcanzado el desarrollo gracias a los derechos de propiedad y el fomento de las libertades económicas. El Perú, por ejemplo, supera diez veces en extensión territorial a Hong Kong y tres veces a Japón. Sin embargo, en el último medio siglo los mencionados países asiáticos mantuvieron sus estados de derechos, el respeto irrestricto a los derechos de propiedad, mientras que en el Perú las expropiaciones velasquistas a fines de los sesenta del siglo pasado iniciaron el modelo de la economía chavista en la región.

La diferencia en el desarrollo, pues, está en la existencia o no de un Estado de derecho. En el Perú, luego de la independencia, nuestro sistema político avanzó entre golpes y contragolpes de los caudillos militares que vencieron en las batallas de Ayacucho y Junín y que construyeron un Estado fallido en el siglo XIX. De alguna manera, luego de las masivas migraciones y las reformas económicas de los noventa del siglo pasado el país comienza a configurarse como una nación y empieza a construir las bases de un futuro Estado de derecho. 

Sin embargo, para avanzar en este objetivo es fundamental preservar la institucionalidad y garantizar las elecciones del 2026. Igualmente, es fundamental mantener las bases del actual modelo económico porque, de una u otra manera, instituciones y economía generan una dialéctica constructiva en las sociedades que alcanzan el desarrollo.

Por todas estas consideraciones el Ejecutivo y las bancadas mayoritarias del Congreso de buena voluntad están en la obligación de no tocar las columnas generales del modelo económico. El Perú avanza hacia un tercer año de incumplimiento de la regla fiscal por el aumento del gasto corriente y la planilla. Por otro lado, el Ejecutivo y el Congreso, con el octavo retiro de los fondos de las AFP, simplemente han liquidado el sistema privado de pensiones y se avanza hacia una estatización de facto del sistema previsional. 

Igualmente, la aprobación de la cédula viva para 162,000 docentes jubilados contribuye al descontrol fiscal en que nos ha sumergido el actual Ejecutivo. Y finalmente, el movimiento de algunas bancadas legislativas para cambiar el sistema de propiedad minera, con el objeto de legalizar los asaltos e invasiones de los mineros ilegales, puede ser una estocada letal para la inversión minera en el Perú.

Preservar el Estado de derecho, el respeto a los derechos de propiedad, pues, es asunto de vida o muerte para el futuro del país.