OPINIÓN/ El Estado de derecho y la anarquía institucional que se generaliza

(El Montonero).- La decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de restablecer en sus funciones de Fiscal de la Nación a Patricia Benavides, señalando la nulidad del procedimiento disciplinario en el que se destituyó a la magistrada suprema –porque se violaron los principios básicos del debido proceso–, ha desatado una guerra de facciones en el Ministerio Público que no tiene precedentes. No es exagerado sostener que la conducta de los actuales fiscales supremos de resistirse a acatar la decisión de la JNJ, simplemente, está derrumbando los últimos restos de credibilidad de la institución.

Enfrentamientos que destruyen el Ministerio Público y la institucionalidad

No puede ser que cuando las decisiones de la JNJ –incluso cuando se toman de manera express– favorecen a un sector se acatan institucionalmente; pero cuando son contrarias –como sucede en el caso de Benavides– se desarrollan estrategias de resistencia que no solo ponen en cuestión al Ministerio Público sino a todo el Estado de derecho y la institucionalidad en general. Una entidad como la Fiscalía, encargada de preservar la legalidad del Perú, hoy aparece en una guerra de facciones que evocan las disputas y forcejeos de la izquierda por controlar las federaciones universitarias en décadas pasadas.

Ante esta situación el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema del Poder Judicial deberían asumir un papel más activo para superar la guerra de facciones dentro del Ministerio Público. No vamos a responder a los argumentos risibles del progresismo nacional y de los sectores de abogados que los secundan, que defienden la negativa de los supremos a acatar la decisión de la JNJ, porque detrás de estas proposiciones solo está la intención de agregar un velo de legalidad a la guerra de facciones. Nada más.

En cualquier caso, el sector de fiscales que se resiste a acatar la decisión de la JNJ tenía todos los procedimientos y acciones para oponerse dentro de la legalidad y la institucionalidad, incluso se pudo haber repuesto a la señora Benavides y luego pasar a elegir a un nuevo Fiscal de la Nación. El marco constitucional, la vigencia de las instituciones y la legalidad se habría preservado y se habría evitado esta especie de crisis terminal de una institución clave y fundamental para la vigencia del Estado de derecho.

Es incuestionable, entonces, que el Estado del derecho en el país ha comenzado a evolucionar a una especie de anarquía institucional, en la que los fiscales supremos se enfrentan a la JNJ, mientras que otros sectores se movilizan en el Congreso para defender la decisión de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y de pronto magistrados, congresistas, ministros y funcionarios parecen actuar por su cuenta y libre albedrío.

La anarquía institucional proviene de la anarquía política y el vacío de poder generalizado que se ha instalado en el Estado. Y no es para menos. Desde el 2016 hasta la fecha debieron haberse sucedido dos jefes de Estado. Sin embargo, hubo seis y algunos todavía siguen planteando la vacancia presidencial como solución a los problemas. La jefatura de Estado, la presidencia de la República –la institución más poderosa del sistema– ha sido erosionada en su autoridad de principio a fin.

En este contexto, las izquierdas y el progresismo siguen promoviendo la anarquía institucional como una manera de generar la idea de que la falta de vacancia, la negativa de la derecha en vacar a Dina Boluarte es la causa de los problemas del país, y no la elección de Pedro Castillo, el peor candidato de la historia republicana, elegido únicamente por la mano y la movilización progresista.

En este contexto, la pérdida del control de las instituciones de parte del progresismo lleva a este sector a un razonamiento bastante leninista: si perdemos el control que se caiga el sistema. Sin embargo, el Perú no está para salidas extremistas, luego de la devastación causada por Castillo.