OPINIÓN/ El Estado fallido que debemos evitar en el 2026

(El Montonero).- El avance de la ola criminal, la lentitud de las fuerzas de seguridad (fuerzas armadas y Policía Nacional del Perú) para enfrentar las amenazas al Estado de derecho, el avance de las economías ilegales –sobre todo la minería ilegal–, el frenazo económico, la caída de la inversión privada y la imposibilidad de seguir reduciendo pobreza, a nuestro entender, representan los directos resultados de un vacío de poder sin precedentes.

Un objetivo de todos los peruanos de buena voluntad

Otra manera de abordar el análisis de la situación del Estado y la sociedad podría señalar que las tendencias a la anarquía y la disgregación social se imponen en medio del avance de las economías ilegales y la corrupción. ¿Cómo explicar esta situación? Quizá una primera respuesta a este estado de cosas tiene que ver con el hecho de que, desde las elecciones del 2016, se han sucedido seis jefes de Estado, se ha cerrado inconstitucionalmente el Congreso una vez, se ha desarrollado un golpe de masas contra un gobierno constitucional (de Manuel Merino), en medio de una de las judicializaciones políticas más brutales de la región, que ha eliminado a toda la clase política peruana. En ese contexto, el principio de autoridad que organiza cualquier Estado de derecho ha sido pulverizado.

De allí que todo se asemeje a una guerra de todos contra todos, en medio de la parálisis e ineficiencias de las instituciones. Los mayores ejemplos de estos procesos de disgregación están en el avance de la ola criminal y la impotencia del Estado para restablecer el Estado de derecho en la provincia de Pataz, en La Libertad. En la referida provincia ni el gobierno central, ni el gobierno regional, ni las entidades del sistema de justicia, ni la PNP ni las fuerzas armadas, son capaces de contener la alianza de la minería ilegal con el crimen organizado, que lanza a sus pistoleros en contra de la minería formal que paga impuestos y preserva el medio ambiente.

Si el avance de la anarquía, la disgregación y la posibilidad de un Estado fallido se explican por el vacío de poder que se ha instalado en el sistema democrático, entonces las elecciones del 2026 deben significar el restablecimiento del principio de autoridad del Estado de derecho para contener esta guerra de todos contra todos en que las instituciones se bloquean una tras otra, posibilitando la anarquía.

A nuestro entender la única posibilidad de reconstruir el principio de autoridad en el Estado de derecho pasa por promover que dos fuerzas políticas de la centro derecha disputen la segunda vuelta nacional en las elecciones del 2026, a pesar de la balcanización política que se expresa en más de 30 candidaturas presidenciales. No hay otra opción. Sin embargo, la imagen de dos centros derechas en la segunda ronda, en el acto, debe implicar la voluntad de evitar la tragedia de la segunda vuelta del 2026, en la que la guerra de dos derechas posibilitó que las estrategias del progresismo, del neocomunismo y el comunismo se impusieran empujando al país al actual momento de anarquía.

Cualquier peruano de buena voluntad debe entender que el país necesita dos candidatos de la centro derecha en la segunda vuelta. Es la única manera de posibilitar un Ejecutivo viable y mayorías discretas en el Senado y en la cámara de diputados, que avancen en el restablecimiento del principio de autoridad del Estado de derecho.

Si el progresismo o las corrientes de izquierda mantienen el protagonismo que adquirieron luego de la guerra de derechas en el 2016, entonces será imposible avanzar en la reconstrucción del país. Las tendencias a la anarquía se impondrán y las salidas excepcionales estarán sobre la mesa.

De alguna manera en el resultado de las elecciones del 2026 se juega la posibilidad de superar la amenaza de un nuevo Estado fallido en el Perú; esta vez no por la economía –tal como sucedió en los ochenta–, sino por la endémica crisis política que genera un vacío de poder inmanejable. Y, por supuesto, con un resultado adecuado en las elecciones nacionales la posibilidad de desarrollar nuevas reformas a la economía y la sociedad para relanzar el crecimiento y la reducción de la pobreza serán absolutamente posibles.

Por estas razones, los candidatos de la centro derecha deben dejar de mirar el árbol y contemplar el bosque para avanzar hacia formas de convergencia y entendimiento electoral.