OPINIÓN/ El monopolio aéreo de Lima: Cuando el Estado redacta contratos a la medida del concesionario

Escribe: Alexandre Ridoutt Agnoli

lo que está en juego no es solo un aeropuerto, sino la soberanía sobre nuestros activos estratégicos y el futuro de un país que aún no aprende a proteger lo que le pertenece

En lugar de promover la competencia y asegurar un desarrollo equilibrado del transporte aéreo nacional, el Estado peruano ha optado por consolidar un monopolio en el aeropuerto más importante del país. Mediante contratos y adendas altamente cuestionables, se le ha entregado a Lima Airport Partners (LAP) el control absoluto de los terrenos del aeropuerto Jorge Chávez, incluyendo LA ANTIGUA TERMINAL, las pistas, la torre de control y el nuevo terminal.

Lo que debió haberse hecho en nombre del interés público más aun cuando la LINEA 4 DEL METRO llegara a la ANTIGUA TERMINAL, era convocar a una nueva licitación para concesionar las antiguas instalaciones a un nuevo operador, abriendo de esta manera el mercado del tráfico aéreo doméstico y permitiendo que otra empresa compita en igualdad de condiciones. En cambio, se optó por concentrar todos los activos en manos de un solo actor privado.

Y como si Lima no fuera suficiente, el monopolio se extiende de facto al resto del país. El proyecto del aeropuerto de Chinchero presentado como la gran promesa para descentralizar el tráfico aéreo aún no tiene viabilidad operativa asegurada, y todo indica que enfrentará severas restricciones técnicas que concluirán con su INOPERABILIDAD debido a la altitud, la orografía y la falta de validación aeronáutica.

Mientras tanto, el aeropuerto Velasco Astete, puerta de entrada al principal destino turístico del Perú, sigue limitado a vuelos nacionales y regionales por razones técnicas y urbanas. En otras palabras, la única infraestructura plenamente habilitada para operar vuelos internacionales, intercontinentales y concentrar el flujo aéreo es la concesión de LAP en Lima. Así, sin necesidad de un decreto, se ha consolidado una arquitectura de poder que garantiza la dependencia estructural del país respecto a un solo aeropuerto y un único operador.

Para completar el cuadro, la anécdota de la inauguración del nuevo terminal parece escrita por un guionista de comedia política. Se cuenta que la señora presidente y los otros altos funcionarios públicos pidieron adelantar 2 días la fecha de la inauguración que estaba programada para el día 01 de junio de tal manera de poder llegar a tiempo y no quedar atrapados en el CAÓTICO TRAFICO que se forma para llegar al único acceso al aeropuerto.

Aparentemente, el miedo a llegar tarde fue más fuerte que la vergüenza de celebrar una obra tan cuestionada por los 11 años que demoró su construcción y puesta en servicio. No vaya a ser que estuvieran ausentes al corte de la cinta y a los retratos oficiales.

Este caso es apenas una muestra más del patrón sistemático con el que operan muchos funcionarios del Estado. Primero diseñan las bases para las licitaciones de los activos estratégicos del país, luego redactan contratos y adendas donde, curiosamente, las condiciones siempre terminan beneficiando al concesionario. ¿Casualidad? ¿Ineficiencia? ¿O acaso hablamos de un “HONORARIO DE ÉXITO” no declarado, ¿que incentiva a redactar las cláusulas siempre a la medida del ganador?

La ciudadanía siembre termina pagando el precio: con tarifas más altas, menor competencia y un sistema aéreo subordinado a los intereses de un único operador. En vez de impulsar una red de aeropuertos complementaria, diversificada y competitiva, el Estado ha optado por entregarle su soberanía operativa al mejor postor… o al único postor permitido, porque en el contrato tan cuestionado que se firmo le entrego la exclusividad del servicio aerocomercial sin competencia en 100 MN a la redonda de Lima.

Ojalá algún día las universidades peruanas conviertan estos contratos en casos de estudio y análisis en sus aulas para que generen conciencia crítica y patriótica en los nuevos profesionales que requiere el país, y que la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial cuenten con profesionales verdaderamente independientes, con autonomía profesional e imparciales, libres de presiones e intereses particulares y sobre todo técnicamente capacitados para auditar, investigar y sancionar.

Porque lo que está en juego no es solo un aeropuerto, sino la soberanía sobre nuestros activos estratégicos y el futuro de un país que aún no aprende a proteger lo que le pertenece.