OPINIÓN/ El tamaño del Estado y el relanzamiento del Perú

(El Montonero).– Hacia las elecciones del 2026 y entre los grandes objetivos del nuevo gobierno debería estar una discusión a fondo sobre el tamaño del Estado, una estrategia de formalización de la economía y la sociedad, y las reformas centrales que debe desarrollar el país. 

El fin del Estado burocrático, condición para nuevas reformas

Las discusiones sobre el tamaño del Estado no deberían convertirse en temas ideológicos porque las cifras están allí. Si se observan, la realidad se conoce al primer golpe de vista. Por ejemplo, el gobierno central, los gobiernos regionales y los municipios consumen alrededor del 23% del PBI nacional, que hoy sobrepasa los US$ 300,000 millones. El sector público no financiero –que incluye al Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación y Cofide– suman alrededor del 3% del PBI. Y las empresas públicas entre las que están Petroperú –la petrolera estatal quebrada que desangra al fisco nacional– y otras entidades públicas se engullen entre el 5% y el 7% del PBI.

El Estado peruano entonces consume más del 30% del PBI de una economía de ingreso medio, en la que más del 60% de la sociedad enfrenta algún nivel de informalidad. En otras palabras, únicamente el 30% de los contribuyentes (personas naturales y empresas) sostienen el gasto estatal. Es imposible entonces imaginar reformas tributarias y otro tipo de transformaciones del Estado con ese volumen de gasto estatal. Si las cosas siguen por ese camino el Perú avanzará a la discusión sobre si se aumentan impuestos al actual tercio del país que sostiene el gigantesco gasto estatal.

Las corrientes socialistas y progresistas suelen argumentar que el gasto estatal promedio de cualquier democracia desarrollada está en alrededor del 50% del PBI, y ponen ejemplos alrededor de Europa y los modelos desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Grave error. Los países europeos, por haber duplicado su gasto social en el siglo XX, hoy son sociedades decadentes y si bien están inmersas en la IV Revolución Industrial palidecen ante la emergencia capitalista de las sociedades del sudeste Asiático, mientras China ya supera largamente a todas estas experiencias.

En Corea del Sur el gasto del Estado representa el 23% del PBI, en Taiwán el 18% y en Singapur cerca del 15%. Creemos que por allí están las líneas generales de una reforma del gasto público que posibilite desarrollar una reforma tributaria que reduzca impuestos, simplifique el sistema de cobros y proyecte un incremento sostenido de la recaudación tributaria en el Perú.

El país entonces debería reducir por lo menos un tercio del gasto público para ingresar una etapa de reformas estructurales. ¿En qué sectores debería aplicarse la reducción? La respuesta cae por su propio peso: en el lado del gobierno central, las regiones, los municipios y las empresas públicas (Petroperú). Es decir, la reducción y racionalización del gasto debe hacerse en los sectores que crean un Estado burocrático, repleto de ministerios, oficinas y sobrerregulaciones que ahogan a la sociedad y al sector privado.

Por ejemplo, hoy el Perú tiene 19 ministerios y una gran parte de ellos han sido organizados exclusivamente por criterios ideológicos y deberían convertirse en direcciones especializadas de otros despachos más integradores. Allí están el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Mujer, entre otros.

El Estado tiene que reducir y racionalizar su gasto para trasladar recursos al sector privado y multiplicar la inversión y la reinversión. Sin embargo, ese objetivo solo será posible si acabamos con el Estado burocrático que impide una nueva reforma tributaria integral y el desarrollo de un shock formalizador en la sociedad.

De alguna manera en estos ejes centrales se juega el futuro del Perú, la posibilidad de convertir al Perú en un Singapur continental; pero en democracia, con controles del poder, con plenas libertades y un respeto irrestricto a la pluralidad.