Hace unos días, en una conversación televisiva con Ricardo Vásquez Kunze, hablamos de que ésta sería una campaña electoral donde las economías criminales estarían más presente que nunca y que, descuidar eso, sería gravísimo. El hecho cierto es que la campaña ya comenzó y que amerita introducir algunos elementos racionales allí donde lo emocional tiende a imponerse.
El fin del Fujimorismo
El fujimorismo es un fenómeno político vinculado a Alberto Fujimori, no a Keiko Fujimori. Alberto ha muerto y no hay “reina” sucesora. El fujimorismo, hoy, es su propia conducta y su conducta visible es haber sostenido contra viento y marea el gobierno de Dina Boluarte. Sólo el acuñismo y su “plata como cancha” le disputan el rol protagónico en esa comparsa.
Keiko fue siempre el recuerdo de Alberto más la resignación de otros que no podían conseguir su caudal de votos. Sólo una vez apareció mejor que su rival de la segunda vuelta y fue en 2021 contra Pedro Castillo. Y, a pesar de ello, perdió. Con Alberto fallecido, le queda únicamente la resignación, pero la resignación, ahora, tiene candidato (o candidatos) propios.
Ergo, el fujimorismo morirá tras su iniciador y Keiko no podrá evitarlo. Pasó lo mismo con el odriísmo, está sucediendo con Acción Popular y el belaundismo. Hubiera pasado lo mismo con el APRA tras Haya, salvo porque apareció Alan García y postergó las pompas fúnebres hasta su propia muerte.
Keiko no ganará y habrá “rompan filas” en Fuerza Popular. Tan claro es esto que la propia Keiko no sabe si postular. Una eventual alianza con APP de Acuña aparecería tan razonable como inviable, así que a llorar al río.
Otras muertes
Verónika (con K, salvo que haya hecho el trámite judicial para modificarlo) Mendoza ha desistido de ser candidata de una de las izquierdas y desaparecerá del panorama, ojalá que aún a tiempo de responder por su letra en las agendas de Nadine Heredia.
Un segundo cadáver es Hernando de Soto, que prometió llegar a ser lo que nunca pudo ser. Como no tiene partido, su destino depende de otros y, como comete errores primariosos, los otros (o terceros al acecho) acaban desembarcándolo. Se ofreció al primer Alan y al primer Fujimori, se ofreció también a Castillo y siempre en nombre del país, pero el país no aceptó su oferta. Hoy está en nada, o en casi nada.
Esto es como el juego del palitroque (una remembranza de la campaña de 1990). Los candidatos irán cayendo uno tras otro hasta que queden seis o siete viables. Cuánto más temprano suceda, mejor.
Los resurrectos
Hay dos candidatos que alguna vez parecieron tener posibilidades. Pero ambos están excluidos por el Jurado Nacional de Elecciones de cualquier participación electoral a cargos públicos. Se trata de Martín Vizcarra y Antauro Humala. Por alguna razón, una encuestadora también resurrecta, los ha revivido. Es más, hay una grave contradicción técnica en su propia ficha técnica. Allí establece, en el diseño muestral, que el estudio fue presencial, mientras que en el parágrafo de la supervisión dice que se hizo sobre el 30% de las encuestas presenciales y telefónicas. ¿En qué quedamos? ¿fueron entrevistas únicamente presenciales o un mix presencial/telefónico?
Salta a la vista, por otro lado, el evidente sesgo del cuestionario y la tarjeta utilizada. Parece obvio que el beneficiario no fue Antauro sino alias Lagarto. Ya en ocasión anterior explicamos cómo se usa el margen de error cuando las empresas de investigación de mercado quieren favorecer o perjudicar a alguien.
Habría que averiguar con qué fondos RPP pagó la encuesta o si hubo intervención de un tercero, al margen del medio, pero es absurdo que una entidad seria apruebe un cuestionario con “candidatos” impedidos.
Lo esencial
Esto será sólo un primer apunte del tema crucial. Una parte muy importante del país está bajo control real de las economías ilegales. En esos espacios, las autoridades locales y regionales, incluidos policías, militares, fiscales y jueces, responden al narcotráfico o a la operación criminal del oro.
Por mucho tiempo nos hemos hecho los desentendidos con el tema del oro ilegal, en virtud a que no se trata de un producto prohibido, salvo por su origen. Los precios internacionales del oro suben continuamente y eso lo hace más apetecible. Se comienza a asumir el hecho de que la producción ilegal del oro es equivalente a su producción legal.
El poder de la minería ilegal de oro es tan grande que, sin duda, ha penetrado también a todos (o a casi todos) los partidos políticos y tendrá una bancada propia en el próximo Congreso (ya la tiene, pero puede ser más numerosa y desembozada). Es curioso que la apañen quienes dicen defender el desarrollo sostenible. A tomar nota.
A esto hay que agregar dos cosas. La primera es el grado de violencia y el nivel de control territorial que dicha actividad ha alcanzado. La segunda es el eventual entronque con los rezagos de Sendero Luminoso, que ha logrado incorporar una cierta lógica estratégica (corredores transversales) y una cierta transferencia tecnológica (derribo de torres eléctricas y sabotaje a las mineras formales) a la operación criminal.
La circunstancia electoral es relativamente secundaria si no contempla el tema fundamental de la inseguridad y el crimen y éste no puede resolverse sin una respuesta consistente, que incluya un sólido componente represivo basado en inteligencia con una clara política carcelaria, una salida comercial a los productores artesanales de oro, en condiciones de cumplimiento de estándares mínimos pero obligatorios y una propuesta de desarrollo integral en los territorios involucrados.