OPINIÓN/ ¿Hasta cuándo el BETA, que destruye el empleo formal agrario?

(El Montonero).- Uno de los efectos más devastadores de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), que establecía regímenes promocionales tributario y laboral, es que nos empujó varias décadas atrás en el debate económico. Cuando estaba vigente el régimen promocional tributario en renta de 15% y del sistema de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo el sector agrario crecía, incluso, a tasas más altas que la propia China de la primera década del nuevo milenio.

Los efectos de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria en el país

En ese entonces el milagro agroexportador empujaba el debate en una dirección: generalizar los regímenes especiales del agro a toda la economía para convertir al Perú en un verdadero Singapur continental. Luego de la derogatoria y después de los desastres fiscales de la izquierda, desde el gobierno de Pedro Castillo, pasando por la administración Boluarte, instituciones y economistas de buena voluntad, temerosos con razón de la trayectoria fiscal del país, se oponen a cualquier régimen especial. Sin embargo, lo que nunca se debe hacer en estos temas es comparar el fracaso generalizado de las zonas francas con el milagro agroexportador del Perú, uno de los mayores motores de bienestar nacional y de reducción de pobreza.

Por otro lado, una de las cosas más nocivas de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria es el intento de la izquierda y de los progresismos de colectivizar las relaciones laborales en el agro. ¿Por qué? La ley 31110, que reemplazó a la norma derogada, establece el Bono Especial del Trabajador Agrario (BETA), que señala que el salario agrario tendrá un 30% de bonificación sobre la Remuneración Mínima Vital (RMV). Es decir, un salario que es una especie de RMV singular para el sector agrario, al margen de la productividad y la realidad de las empresas.

El modelo de la ley derogada por el gobierno provisional de Sagasti promovía la contratación masiva de empleo formal con el objeto de acelerar el proceso de reducción de la pobreza. Las empresas contrataban entre 15,000 y 20,000 trabajadores, respetando todos los derechos y beneficios establecidos en la ley; pero se trataba de contratos flexibles en función de las temporadas de siembra, mantenimiento y cosecha.

En este contexto, el empleo formal se incrementó de 460,000 –entre directos e indirectos– en el 2004 a más de un millón en la actualidad. Y la pobreza descendió en las regiones agrarias muy por debajo del promedio nacional. En Ica, por ejemplo, la pobreza apenas llega al 6% de la población (a nivel nacional supera el 27%)

El modelo pro empleo formal de la ley derogada por el progresismo implicó que las empresas asumieran más del 50% de sus costos de producción como parte de la planilla. ¿Qué ha sucedido con el BETA? Bueno, cada mes se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos formales, algunas empresas pequeñas se convierten en informales, otras cierran, y las más grandes compran maquinarias y tecnologías para reemplazar la urgencia de contratación de empleo. Una barbarie progresista desde cualquier punto de vista. Y eso no es todo. La nueva ley promueve la contratación de los trabajadores previos y fomenta la formación de sindicatos y la negociación por ramas, con el objeto de eliminar cualquier rastro de flexibilidad laboral.

Como se aprecia, la locura de las izquierdas y el progresismo en el fondo solo pretende evitar que la prosperidad y los beneficios de la agroexportación se irradien a los más de dos millones de minifundistas que conducen el 95% de las tierras agrícolas. Y es que la pobreza y el sufrimiento de los peruanos es el mejor aliado de las estrategias de izquierda hacia el poder.