Las evidencias de inconducta funcional flagrante del ex presidente José Jerí, mostradas ampliamente por la prensa en estas semanas, conducían inevitablemente a un nuevo relevo presidencial.
Cuando Jerí debía celebrar sus 100 primeros días de gobernante, comenzó la noche de su joven carrera política, apareciendo encapuchado en un restaurante chino. Esa capucha escondía algo más que el rostro del presidente.
El Perú no vive una crisis de gobierno, vive una crisis de estado
Cada vez que cae un gobernante en el Perú se habla de “crisis política”. Sin embargo, el término se ha vuelto insuficiente. Lo ocurrido con la reciente destitución del mandatario José Jerí no altera realmente el rumbo del país ni el proceso electoral. Y esa, precisamente, es la señal más preocupante: los cambios de gobierno ya no cambian nada.
La caída era esperable. Existía un debate jurídico sobre la figura aplicable: no se trató de una vacancia por incapacidad moral o impeachment a la peruana —que habría requerido 87 votos— sino de una destitución mediante censura parlamentaria (variante del impeachment a la peruana) por mayoría simple, debido a que el mandatario, al haber sido presidente del Congreso, mantenía su condición de congresista con despacho, personal y presupuesto. Es decir, el procedimiento aplicado no fue solo política, fue también constitucional.
Pero el problema no es la destitución. El problema es que el sistema político peruano produce estas situaciones de manera recurrente.
Un sistema político diseñado para la debilidad
El Perú enfrenta una crisis institucional de fondo. No responde únicamente a la conducta de un gobernante, sino a la mala construcción del sistema político. La reforma política implementada por el ex presidente Martín Vizcarra en años recientes no fortaleció la representación; por el contrario, la fragmentó y empeoró. El resultado es visible: 36 candidaturas presidenciales simultáneas. Ese número no describe pluralismo; describe descomposición.
Con ese nivel de atomización ningún candidato logrará mayoría absoluta en la primera vuelta. El país irá inevitablemente a un balotaje. Por ello, la destitución no tendrá mayor impacto en el proceso electoral, que continúa regulado y en marcha con autonomía institucional. El calendario sigue; la incertidumbre también. No estamos ante una competencia de proyectos políticos, sino ante un vacío de representación.
Corrupción y pérdida de legitimidad
A la debilidad estructural se suma la corrupción. No es exclusiva del Ejecutivo: alcanza gobiernos regionales, municipalidades y diversos niveles del Estado. En el caso del presidente destituido, las conductas opacas —reuniones encubiertas, explicaciones contradictorias y falta de transparencia— deterioraron su legitimidad política.
Lo más significativo es que llegó a casi 60% de aprobación, apoyado en una imagen juvenil, cercana y comunicacionalmente efectiva. Sin embargo, al cumplir cien días de gestión, su gobierno entró en crisis debido a cuestionamientos éticos y a una evidente incapacidad política. No cayó por falta de popularidad inicial; cayó por pérdida de credibilidad.
La crisis no es solo política y moral. Es institucional. Hoy el Perú vive una tensión constante entre órganos del Estado: desacatos entre instituciones, decisiones judiciales que interfieren en procesos electorales y conflictos de competencias que terminan siendo resueltos por el Tribunal Constitucional. Cuando Fiscalía, Poder Judicial, Congreso y órganos electorales entran en colisión permanente, el Estado deja de funcionar como sistema. Cada institución actúa con autonomía, pero sin coordinación. El resultado no es equilibrio de poderes, sino parálisis y tensión crónica.
Elecciones sin representación
Por ello, el proceso electoral continuará prácticamente sin alteraciones. Podría existir un efecto indirecto: partidos que respaldaron al mandatario destituido podrían sufrir desgaste político, reactivando oposiciones tradicionales y reordenando el segundo lugar. Es el caso de Fuerza Popular.
El fondo del problema es otro: el Perú vota sin identificación política. Los partidos no son organizaciones permanentes, sino estructuras que aparecen solo en época electoral y responden más a intereses individuales que a programas de gobierno. Así, cada elección produce gobiernos débiles desde su origen.
El país ya ha tenido numerosos presidentes en pocos años. La alternancia dejó de ser signo de democracia para convertirse en señal de inestabilidad. El ciclo se repite: elección, popularidad inicial, crisis política, denuncias, salida del poder y nuevo comienzo. No estamos frente a accidentes políticos; estamos frente a un patrón.
El debate público se concentra en quién asumirá el poder temporalmente o quién será el próximo presidente. Pero esa no es la cuestión de fondo. La verdadera pregunta es si un país puede ser gobernable cuando su sistema político produce gobiernos débiles, partidos efímeros, conflictos entre instituciones y pérdida constante de confianza ciudadana.
Mientras no se reconstruyan los partidos, la representación y los mecanismos de control, cualquier presidente —bueno o malo— será circunstancial. La inestabilidad no depende de la persona que gobierna, sino del sistema que la sostiene. La reciente destitución no es el problema del Perú. Es la evidencia de que el problema es más profundo: el Perú no atraviesa una crisis de gobierno, atraviesa una crisis de Estado.
