OPINIÓN/ La ampliación del Reinfo y la destrucción del modelo

(El Montonero),. La decisión de la Comisión de Economía del Congreso de ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización (Reinfo, del sector Energía y Minas) hasta diciembre del 2027 y la posibilidad de reincorporar al registro más de 50,000 unidades excluidas por haber tenido más de cuatro años de suspensión, en la práctica, es un dinamitazo de graves consideraciones en el desarrollo de la minería moderna en el Perú. Y también del Estado de derecho y el sistema de propiedad en el país.

El Congreso no debe aprobar reincorporación de 50,000 suspendidos

¿Por qué no es una exageración sostener una tesis de esta naturaleza? El conflicto con la minería ilegal se desarrolla, sobre todo, en áreas en las que los ilegales violan abiertamente todos los derechos de propiedad establecidos en la Constitución y las leyes nacionales. Por ejemplo, el corredor minero del sur, en donde se emplazan las empresas que producen alrededor del 40% del cobre nacional, y la provincia de Pataz (en La Libertad) en donde se produce gran parte del oro peruano. 

El problema de los 50,000 excluidos que tienen las puertas abiertas –según el dictamen de la Comisión de Energía y Minas– para reincorporarse al Reinfo es que muchos de ellos han invadido concesiones formales y, ante la vista y paciencia de las instituciones del Estado de derecho, desarrollan una industria ilegal, una industria que roba el trabajo de otros, quienes han invertido y han desarrollado exploración durante años para ampliar las reservas probadas del mineral. Por ejemplo, Las Bambas, una mina en donde se ha invertido más de US $10,000 millones y es uno de los proyectos de cobre más grandes del planeta, tiene el tajo Sulfobamba invadido por la minería ilegal.

Si el Ejecutivo, el Congreso, la Policía Nacional del Perú y las instituciones del sistema de justicia permiten semejante estado de cosas, ¿a quién se le ocurre que seguiremos siendo atractivos para la inversión minera mundial? El populismo minero, una nueva corriente que se empata con la izquierda marxista y las propuestas antisistema, sostiene que la minería es posible para todos. Entonces, ¿por qué los principales conflictos con la minería ilegal se focalizan en el 10% del total de áreas concesionadas a la minería moderna? Si en Perú solo el 14% del territorio nacional está concesionado para la minería, ¿por qué se asalta e invade zonas con reservas probadas de mineral luego de años y décadas de exploración de las empresas formales? Hay un enorme espacio libre para la minería.

Otras áreas en las que avanza la minería ilegal tienen que ver con la destrucción del medio ambiente en zonas y parques ecológicos del país. Y por otro lado, la minería ilegal que se desarrolla en las pequeñas concesiones tiene enormes posibilidades de formalizarse por la voluntad de los propietarios de establecer contratos que superen la situación.

El problema entonces está en la minería ilegal que asalta e invade zonas con reservas probadas de mineral de las grandes corporaciones. En este contexto, ha surgido la sibilina tesis de supuestas “concesiones ociosas”; es decir, de las áreas con reservas probadas de la minería moderna.

Las concesiones formales, generalmente, abarcan 10,000 hectáreas en promedio, con el objeto de agregar valor y rentabilidad al proyecto minero. Sobre esa base la compañía tituliza la concesión y acude al sistema financiero internacional para conseguir financiamiento: nadie tiene en la caja entre US $1,200 millones o US $10,000 millones.

Conseguido el financiamiento la empresa inicia la explotación del mineral mientras desarrolla un incesante trabajo de exploración para ampliar la vida útil de la mina luego de pagar el crédito. De esta manera la compañía alcanza rentabilidad, los países incrementan sus reservas probadas de mineral y las poblaciones desarrollan prosperidad. El populismo minero pretende señalar que las zonas sin explotar –como sucedió con el tajo Sulfobamba en Las Bambas– son concesiones ociosas para legalizar la invasión y el asalto de la propiedad.

Si el Congreso aprueba la posibilidad de reincorporar a los 50,000 suspendidos del Reinfo entonces se habrá herido de gravedad el modelo de propiedad que le ha permitido al Perú convertirse en una potencia minera mundial, la misma legislación de Australia, Canadá, Chile y las demás potencias mineras.