OPINIÓN/ La aviación general que el Perú necesita

Escribe: Alexandre Ridoutt Agnoli

En países con una política aeronáutica moderna, la aviación general constituye uno de los pilares del sistema de transporte y del desarrollo regional.

En el Perú solemos hablar de aviación únicamente cuando se trata de grandes aeropuertos, nuevas terminales, concesiones millonarias o de facilitar el turismo receptivo. Sin embargo, detrás de esa imagen existe un componente mucho más amplio del sistema aeronáutico que ha sido históricamente ignorado: LA AVIACIÓN GENERAL, un sector fundamental para la conectividad, la formación de pilotos, la atención de emergencias y el desarrollo de actividades productivas en vastas zonas del país.

La aviación general comprende todas aquellas operaciones aéreas que no forman parte del transporte comercial regular. Incluye la aviación privada, los servicios aéreos especializados, la aviación agrícola, las escuelas de vuelo, los servicios médicos de emergencia, la aviación ejecutiva, las operaciones en helicóptero y las actividades de apoyo logístico en zonas remotas.

En países con una política aeronáutica moderna, la aviación general constituye uno de los pilares del sistema de transporte y del desarrollo regional. Cientos de aeródromos pequeños permiten conectar territorios aislados, sostener economías locales, formar pilotos y prestar servicios esenciales donde el transporte terrestre resulta insuficiente o inexistente.

El Perú posee condiciones geográficas que hacen de la aviación general una herramienta estratégica. La Amazonía, la cordillera andina y extensas zonas rurales requieren soluciones de conectividad que no siempre pueden resolverse con carreteras. A ello se suma hoy el creciente caos del tráfico en las ciudades y en las principales carreteras del país, así como la ausencia de un sistema ferroviario eficiente, lo que vuelve aún más evidente la necesidad de alternativas de transporte más ágiles y eficientes.

Sin embargo, en lugar de promover este sector, el país lo ha dejado prácticamente abandonado, sin una política pública que reconozca su valor estratégico ni una infraestructura mínima que permita su desarrollo. No resulta casual, entonces, que seamos uno de los países de la región con el menor parque aéreo registrado, reflejo directo de la ausencia de incentivos, planificación y visión de largo plazo para la aviación general.

Muchos aeródromos regionales se encuentran deteriorados; otros han desaparecido por la presión urbana, y varios operan sin una política clara de mantenimiento, supervisión o desarrollo. A ello se suma una regulación concebida principalmente para la aviación comercial, que termina imponiendo cargas impositivas y administrativas desproporcionadas a la aviación ligera.

El resultado es un sistema profundamente desequilibrado: avanzamos hacia aeropuertos cada vez más grandes y costosos, mientras el ecosistema de aviación general permanece débil, fragmentado y prácticamente sin incentivos para desarrollarse.

A esta situación se suma un problema institucional que rara vez se discute con franqueza:

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La falta de autonomía técnica, administrativa y económica de la autoridad aeronáutica.

Actualmente, la Dirección General de Aeronáutica Civil del Perú (DGAC) depende jerárquica y económicamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Este esquema de dependencia política y administrativa se vuelve problemático cuando deben adoptarse decisiones estrictamente técnicas vinculadas a la seguridad operacional o a la regulación del sistema aeronáutico, pues estas terminan con frecuencia subordinadas a prioridades e intereses políticos, económicos o contractuales, antes que a criterios técnicos y de seguridad operacional.

En los sistemas aeronáuticos más sólidos del mundo, la autoridad aeronáutica goza de una autonomía que le permite tomar decisiones basadas exclusivamente en criterios de seguridad, eficiencia operativa y desarrollo del sector. Esa independencia es clave para evitar conflictos de interés y garantizar que la regulación del sistema responda al interés público y no a presiones coyunturales.

Pero existe además otro aspecto que el país no puede seguir ignorando. La ausencia de una política clara para la aviación general también ha generado espacios de vulnerabilidad que han sido aprovechados por actividades criminales. En varias regiones del país, pistas clandestinas y aeródromos abandonados han sido utilizados por organizaciones vinculadas al narcotráfico, al contrabando y a otras economías ilegales.

Frente a esta realidad, el abandono del Estado no es una opción. Promover la aviación general no significa simplemente facilitar la operación de aeronaves ligeras. Significa también que el Estado asuma un rol activo en la infraestructura, la operación y la vigilancia de los aeródromos, estableciendo registros claros de pistas, control de operaciones y sistemas de supervisión eficaces en coordinación con las autoridades de seguridad.

Una política moderna de aviación general debe combinar promoción y control. Por un lado, fomentar el desarrollo legítimo de esta actividad como instrumento de conectividad territorial, formación aeronáutica y desarrollo económico. Por otro, establecer un marco de tolerancia cero frente al uso del sistema aeronáutico para actividades ilícitas.

Ello implica sanciones extremadamente severas para quienes utilicen aeronaves o aeródromos con fines criminales. La ley debe contemplar la pérdida inmediata de los activos involucrados aeronaves, instalaciones o infraestructura, así como sanciones penales ejemplares. Esta responsabilidad debe alcanzar no solo a operadores privados, sino también a cualquier funcionario público que, por acción u omisión, facilite o encubra estas actividades.

Fortalecer la aviación general en el Perú requiere, por tanto, tres reformas fundamentales.

• La primera es reconocer legalmente a la aviación general como una actividad estratégica para el desarrollo del país. Ello implica promover una red nacional de aeródromos, fomentar la formación aeronáutica, simplificar regulaciones para la aviación ligera y crear incentivos para que este sector contribuya a la conectividad territorial, al turismo, a la agricultura y a los servicios de emergencia.

• La segunda es dotar a la autoridad aeronáutica de mayor autonomía, de modo que las decisiones vinculadas a la seguridad operacional y a la regulación del sistema aéreo no queden subordinadas a intereses políticos o comerciales.

• La tercera es establecer un sistema moderno de control y vigilancia de aeródromos y operaciones aéreas, que permita promover la aviación legítima y, al mismo tiempo, cerrar de manera definitiva cualquier espacio para su utilización por organizaciones criminales.

En un país con una geografía compleja como el Perú, la aviación general no es un lujo ni un hobby para unos pocos. Es una herramienta de integración territorial, desarrollo regional y formación profesional que puede aportar enormemente al futuro del sistema aeronáutico nacional.

Abrir el debate sobre una política moderna de aviación general acompañada de una autoridad aeronáutica verdaderamente técnica e independiente es, por tanto, un paso necesario si queremos construir un sistema aéreo equilibrado, seguro y orientado al desarrollo del país.